Andrés Mejía Álvarez

Las misioneras teresitas parecen haber tomado un voto de silencio en La Tebaida, donde operan la Institución Educativa ‘Santa Teresita de Jesús’; ni el haber contado con el compromiso de su comunidad docente, ni haberse ganado el respeto y cariño de generaciones de pobladores les alcanzó para dar en su momento una respuesta oportuna frente al futuro del colegio que se hecho cargo de la educación desde hace 83 años.

Tuvo que intervenir la Secretaría de Educación para que su comunidad se enterara de la cruda realidad que la acechaba. Y es que, en medio de los esfuerzos del departamento por retornar a la normalidad en el sistema educativo luego del terremoto del 10 de agosto, las hermanitas le metieron otro clavo al Cristo: entregan el colegio sin que ninguna de las propuestas planteadas por el departamento les sirva. Una decisión que, por encima de su autonomía como comunidad, deja a 1070 niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin colegio, a casi 15 días de terminarse el año escolar.

Frente a la intransigencia demostrada por las religiosas a lo largo de cerca de un mes, este miércoles 4 de noviembre se podría estar jugando una de las últimas cartas para tratar de reversar la decisión, con la reunión programada en el teatro municipal de La Tebaida desde las 8:00 de la mañana, en la que se espera la presencia de padres de familia y comunidad en general, y con la expectativa de que su carácter misionero resurja y no deje abandonados a sus estudiantes.

El origen de la debacle

Hace casi un mes, el Gobierno del Quindío consolidó la información suministrada por las Alcaldías para construir el reporte de las afectaciones del sismo mediante el Plan de Acción Específico, una metodología suministrada por la Nación para… para enterarse, por lo pronto y mientras decide pasar a la acción. En el panorama general, al sector educación no le va nada bien: Con un costo estimado de $343.000 millones, el rubro es el segundo más alto en materia de necesidades.

El reporte, que empezó a levantar desde el primer día la Secretaría de Educación departamental, se semaforiza el estado de las sedes a su cargo, entre las que se encuentran totalmente habilitadas, las de uso restringido y las que presentan riesgo de colapso. Santa Teresita quedó, en una primera visita -realizada con sentido de urgencia- catalogada en esta última categoría. El concepto, sin embargo, cambió con el transcurrir del mes, cuando se aplicaron inspecciones más especializadas que determinaron que solo uno de los bloques requería de una intervención para volver a ser habitado. Por esta razón, se estableció la posibilidad de que la comunidad retornara a las instalaciones siempre y cuando la edificación afectada no fuera usada hasta recibir los trabajos de reparación.

Pero, pese al concepto favorable dado por la Gobernación, las misioneras tenían otra circunstancia que las involucraba directamente, relacionada con el hecho de que la planta física es de propiedad de la comunidad religiosa, como pocos casos en el Quindío, en el que los colegios son de cada una de las Alcaldías. En este caso, la Gobernación pagaba un arrendamiento al año a las hermanitas, que se sumaba a la inversión departamental en nómina de docentes, coordinadores, orientadores, personal de aseo, vigilancia y manipuladoras del PAE. Todo bien, hasta que la crisis del terremoto puso en evidencia que la sede no contaba con una póliza que cubriera los daños; un deber que recae en la congregación.

Sin un seguro que las cubriera y sin dinero para asumir las reparaciones, las religiosas anunciaron el 14 de octubre su decisión de no renovar el contrato de arrendamiento del año 2027, culminando de manera unilateral la relación contractual con el departamento. El oficio, suscrito por la superiora provincial de la comunidad, la hermana Phillyn Jhohana Llanos Cotrino, no ofrece argumentos para la radical decisión, más allá de “un largo proceso de oración, discernimiento y revisión de obras”.

La fase de reuniones

La negativa cayó como un fulminante en la Gobernación. No fue así, sin embargo, para sus docentes y administrativos, que no fueron informados y que, al correr de los días, en la búsqueda de opciones para restablecer el servicio educativo, empezaron a notar cierto silencio en la rectora, la hermana Estrella Toro. Los rumores empezaron a formarse en la planta laboral, y luego en los padres de familia, que empezaron a temer una situación anómala.

Con el ánimo de servir de puente con la rectora, y partiendo de la solicitud del mismo personal de la Institución Educativa, el 30 de septiembre, la secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia, recibía en su despacho a cerca de 40 personas, entre profesores y padres de familia para informarles de la postura de sus directivas en el colegio y ofrecerse a entablar un diálogo con las religiosas. “Se han hecho visitas y han resultado favorables en el sentido de poder habilitar parte de la infraestructura para terminar el año dando clase en el colegio. Los arquitectos e ingenieros que visitaron el colegio establecieron que hay un solo bloque, que no presenta riesgo de colapso y que requiere únicamente de arreglos de mampostería. Quedamos contentos por el recibimiento de la secretaría, que respondió nuestras inquietudes. Quedó de comunicarse con la rectora”, indicó en su momento el docente Javier Mauricio Cardona, quien hizo parte de esa delegación.

La atención de la secretaria de despacho se enfocó entonces en buscar alternativas con las Hermanas Misioneras de Santa Teresita, a través de una serie de reuniones virtuales y presenciales, tanto en el municipio como en el Centro Administrativo Departamental, sede del Gobierno departamental. La funcionaria reconoce que en estos encuentros “quedaron claras varias de las circunstancias que habían llevado a tomar la determinación, desde quebrantos de salud de la rectora, hasta la obediencia a la que deben ceñirse en decisiones tomadas desde arriba”. De hecho, al momento de publicación de este artículo, la hermana Estrella se encontraba en hospitalización –recupérese hermana, le deseamos de manera sincera-.

Pero la Gobernación no fue el único actor que se movió, en el afán por buscar una respuesta. La Alcaldía municipal ha acompañado las mesas de trabajo que se han realizado, jugando un rol de facilitador y poniendo a disposición su institucionalidad; y la constructora Márquez y Fajardo prestó sus servicios para el diagnóstico estructural, e incluso, de la mano con la Secretaría de Educación, se alcanzó a hablar de adelantar una campaña de padrinazgo para financiar las obras… obras que no podrán ser ejecutadas hasta que ceda la negativa a prorrogar el alquiler de la planta física, como lo explica Marín Valencia: “La idea era hablar con un grupo de empresarios hace varios días, pero no se pudo porque ya había una decisión de no continuar con el contrato”.

No les sirve ninguna solución

Partiendo de esta serie de encuentros, la cartera departamental ha construido diversas propuestas, entre las que se encuentra la disponibilidad de las instalaciones por un último año, una tregua que permitiría buscar opciones que afectaran lo menos posible a la comunidad educativa mientras se adelantaban estudios del sector que permitieran calcular un aumento del canon de arrendamiento superior al IPC –parámetro establecido por Ley-. Incluso se ha planteado la posibilidad de adquirir el inmueble para que pase a manos del municipio.

¿La respuesta a todas las alternativas? Un rotundo y parco no. Las hermanitas se han cerrado a todos los escenarios posibles, mirando con casi con fervor un único y apocalíptico panorama: el de dejar sin estudio a más de 1000 estudiantes de La Tebaida, justamente uno de los municipios en los que recae la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo por los riesgos existentes para eventuales sucesos de reclutamiento de menores.

Incluso han endurecido su posición. En la más reciente reunión, que atendieron por videoconferencia, las religiosas acudieron acompañadas de un bufete de abogados paisa, y en su intervención acusaron de no tener “certeza documental sobre el estado actual de la estructura, las áreas que podrían ser ocupadas, las reparaciones requeridas, las condiciones de estabilidad y seguridad, el aforo permitido, las medidas de prevención y evacuación, la autoridad o profesional que habría autorizado la reapertura parcial, la responsabilidad técnica de las conclusiones comunicadas verbalmente”; documentos que son de amplio conocimiento pero que, con el ánimo de destrabar la situación, fue remitido con la mayor celeridad por la secretaría de despacho para evitar que la presunta falta de claridad siga esgrimiéndose como argumento para evadir la situación.

Que nos agarre confesados…

¿Qué pasará si las hermanas no ceden en su negativa? En la más reciente reunión con la comunidad, la secretaria de Educación fue enfática en que la carencia de la sede física no significa que la Institución Educativa desaparezca: “Es como si una familia que vive en un apartamento arrendado le piden el apartamento; eso no quiere decir que los padres se divorcien, sino que se busca una nueva casa. La Institución Educativa como personería jurídica continúa, y necesitamos que la cohesión de este grupo se mantenga”, señaló.

Sin embargo, es inevitable el sentido de desarraigo que queda a flote entre sus estudiantes. La personera estudiantil resumió lo que representa el colegio para ella y sus compañeros: “Es mi segundo hogar. He estado allá la mitad de mi vida”. Una percepción similar expresó la docente Magda Milena Botero Gaviria: “He laborado en el colegio desde hace 34 años, y esperamos que se llegue a una solución, porque es imposible que algo tan enraizado en el municipio durante tanto tiempo, se acabe de la noche a la mañana”. Y aunque se puede interpretar como una prueba de resiliencia para todos, hay que entender que, para los estudiantes, la eventual desaparición de su colegio puede representar la disolución de su grupo de amigos y de la misma edificación como entorno seguro, con sus propios códigos y convenciones. Para los docentes y administrativos, además de cargar con esto, también genera un estrés adicional por amenazar una estabilidad laboral que se creía segura hasta el pasado mes de septiembre.

Por lo pronto, la estabilidad no parece haberse visto golpeada, con tan solo siete casos reportados de estudiantes que cambiaron de colegio en lo que va del año. Pero habrá que ver qué pasa con la matrícula del año entrante. La directora de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación, Mónica Andrea Salgado Castro confirmó que no se han autorizado cupos adicionales en las otras Instituciones Educativas de la localidad, y que responden a la actual capacidad operativa de las mismas. Se rumora la posibilidad de migrar a la Gabriela Mistral, sede cercana a la Santa Teresita, en una operación administrativa que podría implicar la fusión entre ambas personerías jurídicas. Sin embargo, el plazo inminente impuesto por la congregación hace que estos movimientos estén listos para el inicio del próximo calendario escolar.

Acá solo dos cosas están claras: independientemente de las razones argumentadas por las hermanas, su decisión viene cocinándose de tiempo atrás, como lo recuerda la docente Botero Gaviria: “No es la primera vez, que esto pasa… en el Gobierno pasado las hermanas manifestaron algo muy similar y se rumoreó que se acaba el colegio, pero se logró concertar”. Lo segundo, y esto lo escribe este periodista con todo el convencimiento: las religiosas tienen una responsabilidad social con su comunidad, y el hecho de que no puedan o no quieran continuar cargando con la labor no las exime de generar un periodo de gracia para que el sistema se reorganice. Ya tenemos suficiente con los daños que dejó el terremoto como para que dejen una nueva fractura.