¿Hay vida más allá de la tormenta generada por las declaraciones de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vásquez, en medio de una investigación por la presunta entrada de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial del padre del primero, Gustavo Petro? Aparte de la discusión incendiada por la oposición del mandatario (política, económica, militar y mediática), desde diferentes escenarios de la discusión política, la Presidencia avanza en su propia agenda. En este sentido ha reiterado su interés por dotar a las organizaciones comunales de espacios de coadministración de los bienes que les impactan.

El internet, las vías, la generación de energía o el Programa de Alimentación Escolar, hacen parte del portafolio que el Ejecutivo ha sugerido que podrían pasar a ser administrados por las mismas poblaciones, generándoles además utilidades. Un valioso ejercicio de gobernanza y democratización, que honestamente sí mostraría el cambio del que tanto se ha hablado, que sin embargo genera dudas frente a su aplicabilidad, control y transparencia.

Lamento personalmente tener que trazar una sombra más al ejercicio del poder de Petro. Pero en Colombia estamos, y tan responsable es respetar la institucionalidad como evaluarla. Históricamente las Organizaciones Comunales (Juntas de Acción Comunal o Juntas Administradoras Locales) han operado como el nivel más pequeño de gobierno en la estructura administrativa. Lamentablemente el país está en pañales aún en términos de reconocer la labor de estos líderes, que son quienes tienen el contacto más directo con la población.

Esa conjunción entre cercanía con las bases, y una baja o nula retribución por su trabajo, ha llevado a que el nivel comunal se haya convertido en un bazar electoral. Los políticos tradicionales tienen una clara agenda con ediles y presidentes de JAC en época de elecciones. Tan solo basta con mirar hoy las redes sociales de algunos candidatos a entidades estatales, para encontrar las reuniones en casas de familia y barrios, siempre abrazados con el líder de turno. El candidato adquiere compromisos, tanto públicos como privados, de que una vez en el poder la caseta comunal será restaurada a su vez que el presidente de la Junta puede terminar estrenando andén para el acceso a su casa, o recibir algún contrato.

El rol del comunal, obviamente, es garantizar que sus vecinos voten por el mejor postor. Eso se ha visto desde hace años y hace parte de un grupo de prácticas politiqueras rancias, tan claras que podría señalar uno a uno los aspirantes a entidades que en este momento, lo están haciendo. ¿Y qué pasa cuando un vecino decide no obedecer? Aunque no se puede entrar en generalidades, he conocido casos de líderes que terminan anulando a quienes disienten.

Ahora traslademos la situación a un hipotético escenario donde el líder maneje el internet. ¿Acaso puede dejar sin servicio al que vaya por un candidato diferente o simplemente se aleje del ejercicio proselitista? Bueno y aparte de esto ¿qué órgano va a asumir el control fiscal de los dineros públicos que pasen a ser administrados por las comunidades? El ministerio del Interior calcula que existen cerca de 45.000 JAC en todo el país; ejercer una labor de vigilancia de esta magnitud va a requerir de una entidad fortalecida, con presencia en todo el país, incluso llegando a las zonas rurales más alejadas. Un desgaste institucional que no ha sido medido y en el que no se han sugerido siquiera recomendaciones.

Entonces sí: pertinente la investigación por los presuntos dineros sucios en la campaña… hubiera sido ideal que también se hubiera investigado la Ñeñe Política. Pero mientras Semana y el resto de medios encaminados a derrocar a Petro en la opinión pública continúa bombardeándonos con titulares escandalosos, no estaría mal dejar un poco el ruido de fondo y empezar a prever el futuro próximo del país y la situación en la que quedarán los comunales a cargo de recursos del Estado.  Porque nadie dijo que el cambio iba a resultar fácil.

Andrés Mejía Álvarez

Comunicador social y periodista