Según el más reciente informe del observatorio Feminicidios Colombia a corte de junio de 2023, se han registrado 252 feminicidios en este país; dos en el Quindío. Estos datos exponen, una vez más, la urgencia de desarrollar estrategias efectivas para garantizar la integridad, la vida y el bienestar de las niñas, jóvenes y mujeres adultas de Colombia. Es claro que se deben endurecer las penas y hacer más eficiente el aparato judicial en materia de delitos vinculados con género.

Hace escasos tres meses fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, y con él, entró en vigencia su Artículo 342. Allí se declara la emergencia por violencia de género en el país, una petición de las mujeres colombianas que abanderó la senadora María José Pizarro, respaldada por diferentes sectores, incluyendo congresistas de la oposición, como la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y que logró ser incluida en el documento aprobado por el Legislativo. Lo que propone este artículo es tomar acciones urgentes para superar las situaciones exacerbadas de violencia contra mujeres producto de prejuicios, estereotipos de género y relaciones estructurales desiguales de poder. En ese sentido, el gobierno podrá constituir cuerpos especiales de la fuerza pública para brindar atención focalizada en violencias basadas en género; capacitar empleados gubernamentales, miembros de la rama judicial, entre otras instituciones; y priorizar recursos y capacidades técnicas en la prevención, investigación y sanción de las conductas violentas.

Otros de los puntos destacados son la instalación de un mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género, una mesa intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, y la obligación de desarrollar acciones para diseñar y activar efectivamente las rutas y protocolos de atención, independientemente de la instauración de la denuncia. Es decir, que para que las autoridades puedan intervenir, no sea necesario que la víctima haya denunciado.

En Colombia y en el Eje Cafetero el panorama es desalentador y algunos colectivos de investigación aseguran que tiende a empeorar; por eso se espera que la instauración de esta herramienta fortalezca la articulación interinstitucional y mejore las iniciativas que están en curso en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, por ejemplo el ya existente Sistema Nacional de Registro, Monitoreo y Seguimiento de las Violencias Basadas en Género. Una de las inquietudes más recurrentes de quienes se han interesado por este proceso, que promete mejorar las condiciones y disminuir la cifra de violencia a partir de su intervención, es la financiación. Materializar estas iniciativas requiere dinero. Los anuncios sin sustento financiero se convierten en promesas vacías, como está pasando con el Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con el equipo de la senadora Pizarro, estar dentro del Plan de Desarrollo evita ese riesgo, ya que este documento conlleva un principio de concurrencia, lo que obliga al gobierno a asegurar los fondos que requieren las diferentes entidades encargadas de ejecutar las iniciativas.

Con el país y la región en emergencia, las activistas y veedoras esperamos que finalmente la normativa haga el eco que corresponde y repercuta de manera directa en la calidad de vida de las mujeres. De lo contrario, mantendremos en voz latente, como cada 8 de marzo, cuando las calles se pintan de color violeta para honrar lo que históricamente se ha conseguido, pero también para recordar las deudas que se mantienen vigentes, y que se deben subsanar, de manera definitiva, por el bienestar de todas.

Catalina Toro

Comunicadora social especialista en Economía Pública