Con gran impotencia veíamos hace pocos días como ardían las viviendas de al menos 280 personas, y en cuestión de minutos se reducían a cenizas y desolación. Las consecuencias de graves incendios en asentamientos irregulares en las inmediaciones del barrio Santander, se sumaron a una nueva conflagración en Montevideo Bajo. Como estos últimos, se pueden contar por decenas los deslizamientos, inundaciones, vendavales y toda suerte de desastres que han descargado toda su furia contra las comunidades más vulnerables a lo largo de nuestra historia reciente.

Para nadie es un secreto que desde hace décadas se han venido creando verdaderas ciudades ocultas en zonas de alto riesgo, suelos de protección y predios, tanto privados como del municipio; son innumerables estas urbanizaciones irregulares en sectores como la antigua carrilera o cualquier ladera de alguna de las 54 quebradas de la capital quindiana. Así mismo, no debería sorprendernos que detrás de estos “colonizadores” se encuentren verdaderas mafias que se han dedicado a explotar la miseria de quien no tiene dónde vivir, mafias que han permeado inclusive el poder publico legitimo; sin embargo, esa es otra crónica. Detrás de la cruda realidad y del “grano” urbanístico que estos asentamientos representan, se esconde una problemática gigante que pocos quieren ver.

Problemática ambiental: Normalmente estos colonos se radican sobre alguna ladera o rivera de quebrada, para lo cual se ven obligados a destruir el entorno natural de estos ecosistemas. Podemos ver cómo se talan importantes extensiones de guaduales y zonas boscosas que son corredor biológico de muchas especies que ayudan en el control y estabilización de taludes. De ahí tantos deslizamientos y tragedias en tiempos de lluvias: al no contar con sistemas de alcantarillados o sistemas sépticos, todas sus descargas y desechos van a parar a las fuentes hídricas.

Problemática económica: por tratarse de barrios y comunidades subnormales no se cuenta con un registro predial y en consecuencia el municipio no percibe ingresos por cuenta de impuestos.

Problemática en servicios públicos y acceso a infraestructura: En su calidad de zonas no urbanizables, las empresas de servicios públicos se ven maniatadas para brindar de forma regular servicios como acueducto, alcantarillado, energía o gas domiciliario, lo cual termina convirtiéndose, en muchos casos, en conexiones fraudulentas y pérdidas para las empresas prestadoras, sin contar con que se hace casi imposible medir dicho índice de pérdidas.

Problemática urbanística: Ninguno de estos predios cuenta con licencias de construcción que garantice por lo menos un trámite legal ante las curadurías, donde se puedan evaluar las condiciones de diseños y construcción. De ahí que estas viviendas y sus habitantes entran a las listas de los más vulnerables ante cualquier desastre.

Problemática social: Las invasiones son un caldo de cultivo perfecto donde reina la ley del más fuerte. No hay presencia del Estado, acceso a la infraestructura básica, ni servicios públicos, lo que genera sociedades carentes de todo tipo de garantía mínima, y sus habitantes se convierten en ciudadanos de segunda categoría con prácticamente cero posibilidades de tener una vida digna.

¿Qué hacer entonces?

Es claro que este no es un problema fácil, ni se resuelve de forma rápida y sencilla. Sin embargo, el gobierno local debe redoblar esfuerzos en impedir que este tipo de asentamientos se sigan propagando y tener un argumento suficientemente fuerte para que jueces y sociedad comprendan que normalizar este tipo de actuaciones no beneficia a la ciudad, ni a los mismos “invasores”.

El gobierno local debe apuntar sus políticas sociales a fomentar soluciones definitivas a la falta de vivienda, a través de sus bancos de tierras e invitando a privados a participar de estos desarrollos, teniendo claro que para que estos proyectos salgan adelante se requiere entre otros, de voluntad política, participación ciudadana e inversión privada.

Finalmente, no podemos dejar de lado que el nuevo gobierno que arranca a partir del 1 de enero próximo también tendrá la responsabilidad de tocar puertas y presentarle al gobierno nacional proyectos técnica y financieramente viables, donde el Estado pueda entrar a participar, y así demostrar que el tan anhelado cambio también tiene espacio para nuestra ciudad y sus innumerables problemas.