El alcalde de Armenia, James Padilla García, enfrenta su primera gran batalla en términos de opinión pública. Y bien merecida. Desde su administración se anunció la intención de revivir el mecanismo de fotomultas para infractores de tránsito. Una medida altamente impopular y que ya tiene casos bien documentados en los archivos de las sentencias de las Altas Cortes, que han definido, tanto la inconveniencia como los aspectos irregulares que la aplicación de este sistema tiene.

Pero como el asunto parece revestir de gran importancia para el mandatario local, no solo se ha avisado, sino que es el objeto central de un proyecto de acuerdo radicado en el Concejo municipal, y que busca, de acuerdo con el nombre del documento, autorizar al alcalde de Armenia para celebrar un contrato de concesión para agilizar algunos de los servicios de tránsito de la ciudad.

Desde ya se anunció la postura de los concejales declarados en oposición, un grupo compuesto por Felipe Villamil, de Nueva Fuerza Democrática; Germán Grisales, de Salvemos a Armenia (coalición compuesta por el partido Ecologista Colombiano y Creemos); José Ignacio Rojas, de la coalición Nuevo Liberalismo – Dignidad & Compromiso – Creemos; y Jonatan Rojo, del Pacto Histórico.

Los corporados han citado a una rueda de prensa para exponer su postura; una contraria a la voluntad de Padilla García. Desde El Cuyabran Post nos unimos a este frente, para frenar las intenciones de privatizar un mecanismo que carece de un respaldo jurídico favorable por la vía de la jurisprudencia. Pero que, además, adolece de otro elemento, y es el de la privatización.

Es ese el elemento que nos genera cierta molestia. Al mejor estilo de Luz Piedad Valencia en su época al frente de la capital, Padilla García pretende entregar en concesión a un privado la operación. Esto, con todos los inconvenientes que conllevaría. Porque para nadie es un secreto que el objetivo primario de un privado es generar utilidades, por lo que es posible que las restricciones se endurezcan hasta quitarle el aire, por ejemplo, al motociclista que trabaja con su vehículo –sin que esto quiera decir que esta comunidad ha abusado por años de las posibilidades de movilidad de una manera casi que impune-. Falta ver si la propuesta del alcalde incluye que este empresario particular invierta en la infraestructura que va a manejar o si va a usufructuar bienes del municipio.

¿Qué pasaría en el caso de que la propuesta aflore y sea autorizado por el Concejo? Desde ya vemos que el tráfico de la ciudad se convertirá en un campo de batalla entre los derechos de una comunidad que debería ser el fin primordial del gobierno de turno y los privilegios de un particular al que, sin duda alguna, hay que pagarle algún favor de campaña. Como ya pasó con la gerencia de Empresas Públicas del Quindío – EPQ, en el que los alcaldes de Montenegro, Gustavo Pava; Circasia, Julián Andrés Peña; y Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez Brito, ignoraron el llamado de sus propias comunidades para favorecer los intereses privados de un grupo de empresarios que llevan años capitalizando las utilidades que una empresa como esta debería direccionar a acciones de bienestar para la población.