De manera orquestada por sus patrones, un abogado autodeclarado periodista replicó la carta de la EPQ en la que acusa a la Gobernación de afectar sus costos de operación, al declarar la terminación del comodato que le dejaba usar de manera gratuita a la prestadora de servicios públicos domiciliarios un edificio en el centro de Armenia para su labor administrativa. El autodenominado como ‘digno’ titula con grandilocuencia que esto sería una demostración de revanchismo de Galvis con la empresa, conectando de manera arbitraria un acto administrativo de la Gobernación que busca ceñirse al principio de la austeridad que debe tener un buen gobierno, con la postura férrea que ha mostrado desde su inicio, al denunciar la pésima administración de EPQ, la deficiente prestación de sus servicios en algunos municipios y el manejo amañado que hace de los recursos captados.

Vámonos por partes, para poder dimensionar el descaro de la empresa de acueducto y alcantarillado preferida por un sector político para hacer caja para sus campañas proselitistas. Luego de años de cobrar por un servicio con el que no cumple, EPQ tuvo que enfrentar que el recién nombrado gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya dejara al descubierto la negligencia que caracteriza la ejecución de su labor. Frente a al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, y acompañado de cientos de personas de todos los municipios que expusieron una denuncia clara y con pruebas, de la corrupción que envuelve a la empresa.

El superintendente se fue con el compromiso de estudiar el caso y enviar un equipo para tomar las riendas del asunto… y luego olvidó al Quindío, guardando el más absoluto silencio sinónimo también de una postura negligente y acaso negociada con el afectado. Y eso que las pruebas señalaban hechos como:

· Niveles de riesgo superiores a los límites permisibles

· No atender requerimientos de la secretaría departamental de Salud como autoridad sanitaria

· Registros en el Sistema Único de Información que no corresponden con la realidad

· La no entrega del plan de contingencia lo que no permite hacer seguimiento a situaciones de emergencia

· El uso de cemento y asbesto en las redes, que está prohibido por la Ley 1968 del 2019

· La bajísima inversión en el mantenimiento y reparación de las plantas y redes de los sistemas que manejan (en contravía al artículo 26 de la Ley 142 de 1994 que responsabiliza a las prestadoras de los daños y perjuicios en infraestructura usada en su operación)

· La carencia de un plan de mejoramiento de la capacidad de producción, almacenamiento y distribución de agua para el consumo de la población, frente a un incremento constante de la densidad poblacional del territorio

· No haber logrado el 100% de la cobertura, especialmente en Génova y Pijao, pese a que es la responsable de la operación desde los años 90, lo que se refleja, por ejemplo, en este último municipio que tuvo que esperar 12 años para volver a tener una bocatoma

· Una inversión de más de 6.842 millones anuales correspondiente a personal de oficina, aunque en las plantas solo hay un operario

Semanas después, y ante la elección del nuevo director, se evidenció que el criterio para el nombramiento no tenía nada que ver con los méritos, la experiencia o el conocimiento, y que quien ahora ocupa la gerencia estaba nombrado desde antes de abrir la convocatoria: José Alejandro Guevara fue impuesto por los 3 alcaldes que tienen 4 votos en la junta directiva (Quimbaya, Circasia y Montenegro), los cuales tuvieron que hacerle caso a su patrón para no ganarse el rencor y la ira de quien no está acostumbrado a que lo contradigan sus súbditos. Como un virrey nombrando un encomendador, no sirvió siquiera hacer públicos los vicios de procedimiento para la selección del administrativo, porque aunque EPQ se supone pública, realmente es el juguetico de un particular al que no le interesa que los quindianos tengan agua (aunque la factura llegue puntual).

Si en los toldos de EPQ hubiera algo de decencia, se hubieran limitado a continuar operando en silencio, como para no hacerse tan visibles después de quedar al descubierto ante la comunidad. Pero ahora tratan de devolver el golpe con algo sin pies ni cabeza. En el más reciente comunicado, el gerente Guevara contempla la posibilidad de que el sobrecosto que generaría pagar por su propia sede se le recargará a los usuarios, mezclando peras con manzanas, al querer cubrir gastos de funcionamiento con recursos para la inversión. Calcula Guevara que esto podría significarle a la compañía un rubro adicional de 900 millones de pesos… ¡al año! Esto quiere decir que EPQ no tiene con qué pagar 75 millones al mes, algo que le acepto a una microempresa o un emprendimiento (nosotros no los tendríamos), pero no a una firma que lleva 35 años de fundada y que cada año genera utilidades y rendimientos.

La cereza en el pastel la dio a conocer el medio de comunicación Finito, que con pruebas en mano demuestra que EPQ sí tenía un edificio de 10 pisos en Quimbaya, pero que de nuevo, se le abrieron las agallas cuando un particular propuso una Alianza Público Privada para otros usos. O sea, gana con el negocio privado, pero la Gobernación debe seguirlos manteniendo, pese a que es perentorio recuperar el inmueble para que el departamento no pierda su archivo documental, almacenado en aparcaderos Centenario en una estructura que debió ser evacuada por riesgos estructurales que amenazan con un colapso.

Pruebas superiores del nivel de descaro y chabacanería de EPQ. Y del Digno, que por más que lo niegue, sigue poniendo sus dignidades al servicio del patrón. Porque de un tiempo para acá todo lo que escribe o comenta en radio viene firmado por el dueño de las maletas. El que ya sabemos. Del que nadie quiere hablar.