Corrupción Rampante en el Quindío. Curioso que sean las mismas siglas de CRQ. Y con toda la mesura que exige la utilización del término, tenemos que señalar que lo que se vive en la Corporación Autónoma Regional del Quindío es un acto de corrupción. Y de descaro, si se tiene en cuenta que se realiza frente a la mirada de los entes de control, la ciudadanía y los medios de comunicación; de nuevo, se pasaron por la galleta el ordenamiento jurídico, demostrando su intención de mandarse solos como si fuese un negocio particular.
El más reciente hecho se dio el pasado jueves 15 de agosto, cuando se eligió de manera fraudulenta como director encargado de la entidad a Juan Esteban Cortés, hermano del ex director José Manuel Cortés. Y se hizo en medio de vicios de procedimiento que violan, de manera flagrante, la Ley, la jurisprudencia y los mismos estatutos de la institución. Mejor aún: se hizo pasando por alto lo mismo por lo que cayó el anterior director de la CRQ, el ingeniero industrial Jáider Andrés Lopera Soscué, nombrado en medio de irregularidades.
Como se recordará, Lopera Soscué tomó posesión en el cargo el pasado 1 de enero. Esto luego de una elección que se hizo a pupitrazo limpio el 16 de diciembre de 2023 (precisamente un sábado, día inusual para un trámite como este) ignorando las alertas generadas por entes de control. Fuimos muchos los que además, vimos con suspicacia el hecho de que se realizara apenas 3 días antes de que iniciara la vacancia judicial de final de vigencia, lo que le dio unos días de respiro a la nueva administración para prepararse al inminente fallo jurídico que dejó sin validez la designación.
Una cadena de jugaditas
Para entender el entramado de irregularidades en el que llegó Lopera Soscué al cargo, El Cuyabran Post se contactó en su momento con el abogado y ambientalista Diego Felipe Urrea, quien también postulo su nombre para la dirección de la CRQ. Alejándose de su rol como candidato, prefirió explicar el conflicto desde su papel como veedor ciudadano.
“Instauramos una acción de tutela para que se suspendiera el proceso de elección, ya que no habían tramitado unas recusaciones interpuestas por otros ciudadanos a diferentes miembros del consejo directivo”, señala. Para los que no somos jurídicos, es útil entender que como recusación se conoce al instrumento con el que se pide que un juez o un funcionario no intervenga en un proceso por motivos de imparcialidad o conflicto de intereses. Y en la votación del año pasado lo que abundaban eran motivos para hacer uso de este recurso.
Agrupamos en tres categorías los alegatos de quienes interpusieron este instrumento:
- Conflicto de intereses vinculados a la contratación
Existe un primer grupo de acusaciones que habla de la contratación, de parte de la CRQ, de servicios con empresas y fundaciones en las que algunos miembros del Consejo Directivo hacen parte, lo que configuraría un claro conflicto de interés, al contar los señalados con el poder de decisión suficiente para intervenir en los procesos de selección.
Uno de los casos ya había sonado en El Cuyabran Post, puntualmente con la fundación Aotus, en cuya junta aparecía uno de los candidatos al mismo cargo, Luis Carlos Serna Giraldo. Pero ¿cómo se vincula este hecho con la elección?
2. La puerta giratoria
En este segundo grupo de recusaciones se señala directamente un mecanismo que en la jerga popular se conoce una puerta giratoria. En este caso en particular, varios de los consejeros lograron su cupo en esta junta apoyados por algunos personajes vinculados a la Corporación, y estos a su vez postularon su nombre a la dirección, apoyados por quienes recibieron sus favores.
En documentos recopilados por Urrea, se refleja la estrecha relación entre los consejeros y el director recién posesionado, Jaider Arlés Lopera, cuando era asesor de la dirección y mano derecha de su antecesor; del entonces director Administrativo y Financiero (y hoy director del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional de la Alcaldía de Armenia) Andrés Alberto Campuzano; del subdirector de Regulación y Control, Carlos Ariel Truke; y del jefe de la oficina asesora Jurídica, Johan Sebastián Pulecio. Estos cuatro funcionarios hicieron parte de la baraja de aspirantes en el reciente proceso de elección, cuyo resultado estaba en manos de quienes ayudaron a entrar al órgano de decisión.
“Participaron en el ingreso de los consejeros, descabezando algunos candidatos y habilitando otros; estos, posteriormente, serían quienes tendrían en sus manos el poder de determinar quién se quedaba con la dirección, ignorando lo establecido por el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, cuyo carácter es taxativo: es obligatorio que se haga lo que diga exactamente la norma”, indica Urrea.
Esto exigiría que, ante el proceso de elección, se declararan impedidos 10 consejeros: los dos cupos del sector empresarial (Viviana Álvarez Rojas, de la ladrillera La Campana y Juan Carlos Uribe, de Don Pollo), los dos de las ONG ambientalistas (Carlos Efrén Granada y John Elvis Vera), el representante de las comunidades negras (Jaime Marín Arce), de la comunidades indígenas (Luz Melina Siagama), y los cuatro alcaldes en su momento (Ana Yulieth Díaz, de Circasia; Jhon Jairo Pacheco, de Córdoba; Juan Camilo Pinzón, de Pijao; y José Vicente Young, de La Tebaida). No obstante, todos votaron.
3. Los alcaldes nunca fueron parte del Consejo Directivo
En cumplimiento a la pluralidad que el Consejo Directivo de la CRQ debe tener, en esta junta hay cupo para cuatro alcaldes; los anteriormente mencionados. Sin embargo, los ahora ex mandatarios no tenían la facultad para participar con su voto, simplemente porque nunca hicieron parte del órgano.
“De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 –que reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales- el periodo de los mandatarios en el Consejo Directivo debe ser de un año. Los alcaldes de Circasia, Pijao, Córdoba y La Tebaida fueron reelegidos en febrero de 2023, pero nunca se aprobó ni se publicó el acta de elección, por lo que su participación en la junta no se oficializó y por tanto, no se permitieron las garantías para que los ciudadanos ejercieran el derecho de contradicción y defensa. Incluso el ex gobernador Roberto Jairo Jaramillo convocó a la Asamblea Corporativa de la entidad –máximo órgano, compuesto por el mandatario departamental y los de los 12 municipios- para cumplir con este requisito, exigido por la Función Pública, y los alcaldes ni fueron”, indica Urrea.
La Ley por la galleta
Estas acusaciones llevaron a que el Juzgado Quinto de Armenia suspendiera la elección en octubre de 2023, pero en noviembre, un juez declaró improcedente las solicitudes y revocó la medida provisional de suspensión del proceso y del cronograma. No obstante “la Procuraduría General de la Nación también detecta unas irregularidades”, explica Urrea, y acepta la impugnación presentada por él, “por lo que se pronunció emitiendo 2 autos donde se le ordena al Consejo darles trámite a esas recusaciones”. Es decir, ordena resolver las recusaciones presentadas antes de llevar a cabo cualquier actuación. En contra de toda lógica, el Consejo Directivo de la CRQ decidió seguir adelante, pasando por alto el concepto de la entidad de control, e incluso desacatando la norma que habla de un periodo de 5 días para que hubiera una aceptación o rechazo de los recusados.
Lopera Soscué se posesionó, y estuvo medio año al mando de la corporación, hasta que, a mediados del mes de julio de este año, el Consejo de Estado declaró la nulidad de su nombramiento, señalando “que las modificaciones al cronograma de la designación, materializadas en los Acuerdos 013, 014 y 015 de 2023, se realizaron sin tramitar adecuadamente las recusaciones presentadas. Nueve de los diez consejeros recusados votaron por Lopera Soscué sin que sus recusaciones fueran resueltas por la autoridad competente, lo cual constituye una infracción normativa”, señala en este artículo el portal Quindío Noticias.
La papa caliente entonces cayó de nuevo, en manos del consejo directivo. Y para avanzar en el tema, se convocó a junta el pasado 15 de agosto. Fue allí donde algunos de los nuevos miembros del órgano se dieron cuenta que se aproximaba otra ilegalidad con la que se buscaba que el poder no saliera de las mismas manos: las de José Manuel Cortés.
Cuentan los rumores que, al conocer que las recusaciones anteriores no habían sido subsanadas y que, sin embargo, se planteaba la remoción de Lopera Soscué y la elección de un director encargado (actuaciones que no se pueden ejecutar hasta que TODO quede claro), el Gobierno del Quindío; la consejera delegada de Presidencia de la República; y los alcaldes de Buenavista, Jhon Steban Aristizábal Rendón, y de La Tebaida, Ricardo Alfonso Celis Rojas, se levantaron de la mesa y abandonaron la reunión. Sin estos 4 votos y sin la presencia de Minambiente (que no envió delegado), se tomó la decisión, no solo de nombrar de manera fraudulenta al director encargado, sino de elegir a un nombre bien polémico.
Una nueva cagadita en la lista
El elegido fue Juan Esteban Cortés Orozco, el hermano de José Manuel Cortés, ex director al que sucedió Jáider Andrés Lopera Soscué, el cual actuó como un ejecutivo de transición entre parientes con primer nivel de consanguinidad. Pero además alguien sobre el que también se mece una recusación, esta vez interpuesta por la veeduría ciudadana Tequendama.
Señala la veeduría que Esteban Cortés y su cónyuge, Ana Milena Londoño Gil, fueron propietarios de la empresa Distriguadua S.A.S. hasta el 22 de abril de 2024, en la que él además operó como representante legal mientras José Manuel fue director de la CRQ: justamente la entidad encargada de expedir los permisos para el corte y aprovechamiento de la guadua. Con esta cola llegó Esteban Cortés a la dirección por encargo de la autoridad ambiental.
“Según esa recusación, él también tendría que cumplir la Ley 1437, en su capítulo 2 artículo 11, que establece que “cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido”. De acuerdo con lo establecido en el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado –el que tumbó el nombramiento de Lopera Soscué-, se le debe dar el trámite correspondiente también a esta recusación, y suspender cualquier actuación que genere un conflicto de intereses con su hermano”, señala Urrea.
Pero aparte, la elección se hizo sin lograr el quórum. Hagamos cuentas: En total son 13 miembros, por lo que, para validar cualquier decisión, se requiere por lo menos de 7. Al total de 13, réstele la Gobernación, Presidencia de la República, y alcaldías de La Tebaida y Buenavista; ahí van 4. Minambiente no llegó y por lo tanto no se cuenta; van 5. Y los dos de los organismos ambientalistas (Carlos Efrén Granada Madrid y John Elvis Vera), que no tienen silla en el Consejo Directivo por haber sido declarada nula su elección como consejeros por parte del Tribunal Administrativo del Quindío – TAQ. Esto como parte de la puerta giratoria mencionada al principio de esta nota.
Eso quiere decir que al director lo oficializaron apenas 6 de 13 consejeros, 4 de los cuales además están recusados: los representantes de la empresa privada (Viviana Álvarez Rojas, de la ladrillera La Campana y Juan Carlos Uribe, de Don Pollo), el representante de las comunidades negras (Jaime Marín Arce), y la de comunidades indígenas (Luz Melina Siagama), junto con los alcaldes de Circasia, Julián Andrés Peña Sierra; y de Córdoba, Guillermo Andrés Valencia Henao: “una clara violación de carácter procedimental que desconoce el principio de la función pública, administrativa y del debido proceso”, advierte Urrea.
En los pasillos de CRQ se habla de que, desde el Gobierno del Quindío se tiene ‘bloqueada’ a la CRQ, que la tiene en el limbo, que está frenando su operatividad. Cantos de sirena para navegantes desprevenidos. La Ley es clara: el proceso está viciado desde la salida de José Manuel Cortés (el dueño del negocio que se hace con el medio ambiente en el departamento). Y vaya negocio: se calcula que la entidad puede manejar un presupuesto anual superior a los 30.000 millones de pesos, además de dádivas que algunos privados podrían dar bajo cuerda para que pasarse, de nuevo por la galleta, los controles ambientales de las actividades propias de sus funciones. Eso aparte de representar un fortín político de un partido cuyas siglas empiezan con C y terminan con R. Desde El Cuyabran Post ponemos una velita al propósito. Porque, aparte de los intereses proselitistas y la corrupción flagrante de la que somos testigos, estamos hablando de algo absolutamente importante para la región: sus ecosistemas.