Pocas cosas hacen saltar más las alertas de la ciudadanía que la alimentación escolar; más aún en épocas electorales. Y no estamos poniendo en duda la importancia del control fiscal en el país, pero cuando se acercan votaciones, un informe como el presentado por la Contraloría General de la República sobre el desempeño del PAE, es capitalizado, por ejemplo, por medios de comunicación que se venden como Portavoz de intereses oscuros (y suponemos que bien pagos).
Vamos por partes. El documento al que nos referimos es el comunicado publicado por el ente de control el pasado 9 de febrero, y que se refiere a tres grandes temas: el resultado de auditorías de cumplimiento sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, hallazgos con respecto al uso de partidas del Sistema General de Regalías, y una dura advertencia a regiones en las que la operación no habría iniciado con el comienzo del calendario escolar.
“Ante este panorama, la Contraloría General de la República (…) hace un llamado urgente a las entidades territoriales y al gobierno Nacional frente a la inoportunidad de la prestación de alimentación escolar para 2026 en algunas regiones del país”, señala. El Gobierno nacional ya le salió al paso a la polémica; el Ministerio de Educación culpó a las Gobernaciones y Alcaldías de falta de gestión y resaltó que los recursos habrían aumentado en 2026 en un 190% en comparación con 2022 (no es un chiste, el referente para compararlo no fue el año anterior, como sería de lógica).
En el listado de Entidades Territoriales involucradas quedaron las administraciones de Armenia y el Quindío, que al contar cada una con su propia secretaría de Educación, se hacen cargo de la alimentación de los estudiantes de la capital y del resto de los municipios, respectivamente. A ambos les cae un baldado distinto, aunque como ya mencionamos al inicio, la que más palo ha recibido ha sido la departamental por el manejo de la cada vez más obvia propaganda negra de sus opositores. En El Cuyabran decidimos averiguar por ambos lados para conocer el tema. ¿Qué nos encontramos? Que ambos gobiernos quedaron gringos con el informe porque no corresponde con el cumplimiento real del servicio, el cual que está sustentado en evidencias que reposan en cada cartera.
De cómo se cuenta la cuenta
Martes 8:00 de la mañana. En el despacho de la secretaria de Educación departamental, Tatiana Hernández Mejía, el equipo de trabajo convocado se sienta alrededor de una mesa de juntas con la mirada extrañada y la misma pregunta: ¿Cómo hizo las cuentas la Contraloría? “Nos siguen dando las cuentas”, me dice una de ellas. Aun recuperándose del golpe de ayer con el concepto del ente de control, me cuenta que volvieron a revisar los archivos que sustentan la operación… los mismos que han sido observados y recalculados una y otra vez. Pero todo da, a diferencia de lo que señala la Contraloría, que habla de un recurso por poco más de 64 millones de pesos que, en su opinión, no habrían sido entregados en raciones alimenticias a los estudiantes en 2024.
Una vez culminado el encuentro, me siento con ella a que me explique, frente al computador, cómo se llevan las cifras. El proceso, me cuenta, inicia con la extracción semanal de información del Sistema de Matrícula – SIMAT para identificar la cantidad de estudiantes matriculados y los priorizados para recibir el complemento alimenticio, el grado escolar y su correspondiente rango de atención. También arroja la cantidad de raciones a entregar diariamente, que corresponde con lo que se le paga al operador, y que debe ser igual a lo que las Instituciones Educativas reciben en sus restaurantes. Justamente lo que ingresa al colegio es registrado en una tabla de Excel, que va consolidando un informe que se envía a la Secretaría semanalmente, y que es certificada de manera mensual.
¿Cómo se va a quedar sin invertir en raciones reales una suma de 64 millones de pesos con semejante procedimiento de vigilancia? Una fuente que pidió no ser identificada formula una posibilidad: el dinero en cuestión si fue entregado pero la auditoría no lo vio. Y esto puede deberse a que se tomó una muestra para promediar la cantidad de complementos entregados, sin que se haya revisado de manera detallada cada una de las 40 semanas de calendario, lo que podría llevar a un error.
En un comunicado expedido por el Gobierno del Quindío, la administración contempla este escenario: “Se requiere de un análisis más detallado de cada uno de los días de servicio, y cuya demanda es elástica por cuestiones relacionadas, entre otras a la movilidad, por lo que no es posible calcular, partiendo del valor de unos días analizados, el costo real del mes, por el simple hecho de que la matrícula no se mantiene estable a lo largo del tiempo”. Sentados frente a las tablas de Excel recibidas de parte de los diferentes rectores, me lo demuestran: en un mes como marzo puede haber en una sede rural un total de 10 niños, en abril haber bajado a 8, y en mayo haber subido a 12. Incluso en la misma semana, la cantidad de beneficiarios del PAE fluctúa, lo que señalaría algo que los auditores tal vez no tuvieron en cuenta: Que el valor diario de la operación siempre va a ser cambiante y que por tanto debe ser tenido en cuenta como un costo variable.
A mí me queda claro. La Contraloría, sin embargo, desestimó este argumento cuando le fue presentado por la secretaría. Peor aún es que no se conoce el mecanismo con el que el ente de control hizo el arqueo y de dónde sale la diferencia que puso en entredicho una operación reconocida como ejemplar desde el inicio de la actual administración. Primer caramelo.
A tiempo, pero no lo contaron
Martes 4:00 de la tarde. Suena una notificación en mi celular. Es Antonio José Vélez, secretario de Educación de Armenia. Acaba de salir de una mesa de seguimiento al PAE en la que también participó la Defensoría del Pueblo. Nunca más oportuna, dado que, en el mismo informe, la Contraloría General de la República le jala las orejas al municipio.
Más precisamente, en el apartado llamado Inicio de PAE 2026, en el que establece que “En el Marco del Control Social Participativo al desarrollo del PAE, la Contraloría de acuerdo con la información reportada por las Entidades Territoriales Certificadas y UAPA (23 y 30 de enero), se permite alertar sobre la afectación a cerca de 800.000 estudiantes en 12 ETC, dado que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026. Esta situación se presenta en las ETC Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó y Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura”. “La operación en el municipio se dio a partir del primer día del calendario escolar, es decir, el pasado 26 de enero. Gracias a las vigencias futuras, la operación de la Bolsa Mercantil de Colombia y la asignación del mismo pudimos cumplir a cabalidad con la fecha establecida como municipio”, afirma con extrañeza. La afirmación es contundente: señala exactamente lo contrario de lo emitido por el informe del ente de control.
Para el titular de la cartera, sin embargo, algunas situaciones vividas al inicio de la vigencia podrían haber llevado a la confusión. Me cuenta por audio de Whatsapp: “En esa primera semana de estudio, algunas Instituciones Educativas que estaban consolidando su matrícula nos solicitaron que les diéramos unos días para consolidar la matrícula y no dispusieron del Programa de Alimentación Escolar. Esto, en aras de evitar desperdicio de alimentos, y teniendo en cuenta la movilidad propia de la época, que hace que se presentan anormalidades en los horarios”.
La otra razón propuesta por el funcionario tiene que ver con el inicio de una operación sustentada en alimento industrializado “porque en algunas Instituciones Educativas necesitábamos, en esa fecha, disponer de elementos para la preparación. Nos parece importante dar esta aclaración, que permite complementar la información que la Contraloría ha dado a conocer mediante este comunicado”, indica.
Segunda Entidad Territorial Certificada en expresar extrañeza, por decir lo menos, frente a la postura del organismo nacional. En ambos casos, los secretarios reconocen la labor fundamental de la Contraloría en la vigilancia de los recursos públicos, y más cuando de ellos depende el bienestar de los niños y la garantía de sus derechos. Y nos unimos, repitiendo lo del inicio: en un país con historias de corrupción tan rocambolescas como Colombia, el control fiscal resulta fundamental.
Pero si en el primer caso las cuentas difieren pese a tener la evidencia de que siempre se actuó con transparencia; y en la otra se afirma un hecho tangible demostrado, la pregunta es ¿cómo se está ejerciendo esta función? Quedará por ver cómo evolucionan ambos casos en los escenarios que deban enfrentar ambos gobiernos para aclarar una confusión que aún no terminamos de entender.