Escabrosa, resulta la situación actual de orden público en Ecuador. Un país que hace una década logró, de la mano de su entonces presidente Rafael Correa, un avance en materia económica y de infraestructura y que se perfilaba para ser uno de los líderes del continente, hoy se encuentra presa de una situación que inevitablemente recuerda a la Colombia de los 90 con el embate del narcotráfico haciendo tambalear a la institucionalidad.

La violencia en el vecino país ha subido la escala progresivamente desde que su nuevo mandatario, Daniel Noboa, anunció una política de mano dura en contra del crimen organizado; algo que desató las alertas en medio de las estructuras delictivas que, muchos dicen, crecieron a la sombra de las Farc y que encontraron un caldo de cultivo cuando estas se desmovilizaron. El clima de negocios –sus negocios, como eslabón fundamental para el tránsito de droga hacia el norte- estaba dado, y cuando, en noviembre de 2023, el nuevo gobernante ascendió al poder, fueron muchas las voces de alerta por un conflicto que prometía encenderse con cada vez mayor fuerza.

Lo de los últimos meses en Ecuador ha dejado una serie de postales que deberán quedar en la memoria para poder dimensionar la alerta que representa la amenaza de las bandas delincuenciales asociadas con el narcotráfico, más aún en sociedades en las que este representa la mejor alternativa para comunidades con pocas opciones de desarrollo en medio de la legalidad. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio de por sí, ya era un aviso del recrudecimiento del conflicto, toda vez que él había denunciado haber sido amenazado por Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el jefe de la banda Los Choneros, tan solo dos semanas antes de su ejecución.

Hoy en día el delincuente se encuentra libre, luego de haberse fugado de prisión. Y Noboa, acorralado por una crisis nunca antes vivida en un país que no cuenta con la experiencia ni la capacidad de respuesta a una situación como esta, declara el conflicto armado interno, días después que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpieran en un programa transmitido en vivo en un canal público para hacer uso, ya no solo de la violencia física sino también de la sicológica.

Lo que preocupa de este lado de la frontera, sin embargo, fue el anuncio de Noboa de dejar libres en la frontera a 1.500 colombianos que se encuentran reclusos en las cárceles de su país. ¿Acaso esta última declaración es resultado de la urgencia, de hablar y actuar sin medir las consecuencias? Humildemente creemos que sí. Atacar a una violencia surgida del actuar de bandas criminales liberando reclusos justo en el paso trasnacional de la droga y con el presunto apoyo del cartel de Sinaloa, podría incluso recrudecer la situación. Es justo el capital humano que estas estructuras buscan para fortalecer su presencia en los corredores por donde fluye la cocaína.

Y es que creemos que llegó la hora de pensar en este fenómeno como algo que no le compete a un solo gobierno, que no se circunscribe a un solo territorio. Sería ideal un panorama de colaboración entre gobiernos –en este caso, Ecuador, Colombia y México- para poderle hacer frente a un enemigo que, desde las grietas de la Justicia y el orden constitucional, actúa minando a sus respectivas naciones cuando se habla de frenar su operación. Solo así se podría encontrar una salida viable. Porque la idea de expulsar colombianos condenados por delitos con la idea de que van a regresar, obedientes y sumisos, a su lugar de origen, es algo absoluta e inmensamente inocente.