Ah cosa jarta la que debe ser lidiar con el PAE. Los Gobiernos territoriales que tienen a su cargo la alimentación escolar de los estudiantes lo saben y varias veces le han pedido a la Nación que la responsabilidad del servicio regrese a manos del ICBF (una entidad con experiencia, capacidad operativa y músculo financiero para asumirlo). Y de parte de Presidencia, se alcanzó a avizorar otra opción que se quedó como una bonita intención pero que quedó en el aire. Mientras tanto, las secretarías de Educación juegan con no quemarse con semejante papa caliente.
Para un ejemplo lo que está pasando en el Quindío. De poco sirvió haber hecho el proceso de selección del operador a tiempo y tener el recurso disponible para pagarlo: Al día de hoy se encuentra en veremos si el arranque del PAE en 2025 coincide con el inicio de clases este 20 de enero. La secretaria de Educación del departamento, Tatiana Hernández Mejía, explicó cómo fue la vuelta.
“Desde julio de 2024 se reservó el recurso para financiar el programa y para esto contratamos con la Bolsa Mercantil de Colombia para la selección, por cuestiones de transparencia, pero también porque acorta los tiempos del proceso. La etapa de selección inició en noviembre y el pasado 24 de diciembre nos envían desde Bogotá los documentos del proponente que ganó la puja”, indica.

El quilombo con el operador
Una vez que le es informado al Gobierno del Quindío sobre quién se hará cargo de la operación, se inició la verificación. Con la ficha técnica de negociación, un instrumento similar al pliego de condiciones para una licitación que consigna los mínimos viables requeridos por la Gobernación, el equipo técnico de la secretaría empezó a examinar la veracidad de lo que el representante legal de la empresa había afirmado tener preparado para hacerse cargo del programa.
-¿Qué encontraron?- le pregunto.
-Componentes como el financiero y el jurídico estaban bien, pero hallamos algunas dudas frente a la experiencia presentada y ante la premura de contar con un operador idóneo, le hacemos a la Bolsa la solicitud de anular la selección el 27 de diciembre. Esto nos permitiría pasar al segundo proponente en la lista para ver si cumplía con los requisitos. El lunes siguiente, o sea el 30, recibimos respuesta en la que la entidad ratifica que el seleccionado sí cumple. Pero insistimos, porque entre el 2 y el 3 de enero ya debíamos entrar en fase de alistamiento.
Y es que preparar una operación en la que se entregan cerca de 27.000 raciones diarias a todas las sedes de las Instituciones Educativas, incluyendo hasta la más lejana en la ruralidad, requiere de preparación. En medio de este bororó, el operador entregó a la secretaría documentos como el concepto sanitario emitido por la secretaría de Salud de Armenia, el certificado de inspección ocular del cuerpo de Bomberos, el listado de equipos y de vehículos para la distribución, la inspección sanitaria de los mismos y las hojas de vida del personal.

La revisión documental arrojó más irregularidades. Algunos conceptos, que por Ley deben alcanzar el 90% de cumplimiento llegaban apenas al 75%. Y cuando se hizo la visita presencial a la bodega para la verificación, se encontró una bodega en condiciones estructurales que el equipo de la secretaría no dudo en calificar como lamentables (humedades, filtración de agua lluvia, hundimientos en el piso, plásticos y cartones usados como paredes). Tampoco había estibas, ni canastillas. El tiempo apremiaba.
-Fue entonces cuando el Gobernador pidió activar alertas y buscar otro operador. Entonces solicitamos reunirnos presencialmente con el operador el 7 de enero. Pero al encuentro llegó el administrador de la bodega porque el representante legal se excusó argumentando que no alcanzaba a llegar. Fue entonces cuando se dio a conocer la situación a los entes de control y solicitamos de nuevo la anulación de la selección y, por fin, la aceptación de la Bolsa a la solicitud.

En busca de alguna solución
-¿Cuándo empiezan las clases, secretaria?
-El próximo 20 de enero.
-¿Entonces qué queda por hacer?
-El paso a seguir es la verificación de los elegibles en orden descendente. La Bolsa ya nos anunció que el segundo no estaba listo y estamos esperando documentos del tercero. Hoy contamos con un recurso de 11.800 millones de pesos con los que cubrimos 72 días de calendario escolar, e hicimos el proceso a tiempo. Pero aun así, vemos que no estamos exentos de este tipo de situaciones externas. Pero si hoy ya tuviéramos el operador y aceleramos el proceso durante la semana, podríamos estar entregando raciones industrializadas desde el primer día del calendario.
¿Y si no? La alternativa ya quedaría en manos de los rectores, que de acuerdo con el nivel de autonomía administrativa que tienen en cada uno de los colegios, podrían flexibilizar el horario de las primeras fechas para aminorar el impacto. Hay otras circunstancias que ayudan a paliar el golpe: todavía se está normalizando la matrícula (en cerca de un 80% de lo proyectado al día de hoy), y el hecho de que algunos estudiantes faltan la primera semana. Sin embargo, es paradójico ver que una operación bien planeada, ejecutada a tiempo, con todos los controles, para que salga bien, simplemente se cae cuando uno de los eslabones falla. Y complejo, para una secretaría que tiene en su misionalidad la educación, pero con una piedrita en el zapato que fácilmente se convierte en caballito de batalla en este ring llamado administración pública.