Somos partidarios de una reforma agraria. La razón de ser del campesino es labrar su tierra. ¿Podemos llamar campesino a alguien que no la tiene? Esta realidad es tan palpable, que en el punto 1 de los Acuerdos de La Habana se pactó la Reforma Rural Integral para dotar de propiedad a miles de personas que hoy carecen de ella y que terminan engrosando los cinturones de miseria de entornos que no manejan, como es el caso de las ciudades.
Pero en el Quindío…
El Quindío debe ser visto como un caso atípico en las oficinas centrales de las entidades estatales nacionales. Por lo general las dinámicas de otros departamentos no aplican con precisión acá. Ni qué decir de los presupuestos, que funcionan relativamente bien en otras partes del país y acá se quedan cortos. Y el caso más reciente se dio en el debate en Asamblea para eximir del pago de impuesto de Registro a los procesos de adjudicación o titulación por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT; una iniciativa llevada a la corporación por el Gobierno del Quindío para facilitarle el camino a los reclamantes y garantizarles la gratuidad establecida en la legislación.
La sesión, que parecía fácil de resolver –era modificar dos artículos de dos ordenanzas ya vigentes- se convirtió en una extenuante discusión que se llevó toda la tarde del pasado 29 de julio. Todo se originó con la proposición del diputado Juan Camilo Cárdenas Luna, para incluir en el documento un certificado de vecindad que determinara el origen o por lo menos la historia de quienes fueran a recibir predios. Una medida que buscaba darle prioridad a los quindianos frente a la posibilidad de, por fin, tener su finquita.
“Me genera una gran preocupación, no porque crea que esta herramienta vaya a ser mala para los campesinos del Quindío; ojalá todos pudieran tener tierras y el acompañamiento para sacar adelante sus proyectos. Pero lo que va a pasar acá es que llegarán personas de otros departamentos a solicitar. Ya nos pasó con el Incora y el Incoder, que entregaron unas tierras en la Cordillera hace tiempo, y tuvimos la experiencia de que a los 2 o 3 años estas personas se fueron y dejaron sus predios o los vendieron, porque no fueron capaces de adaptarse a la región”.
¿Para quién es el Quindío?
En últimas la votación no resultó favorable para la proposición de Cárdenas Luna y quedó por fuera de la ordenanza. Más por poner en riesgo la constitucionalidad del instrumento frente a la norma nacional que rige el proceso de formalización de la tierra, que por coherencia. Y es que el reclamo del diputado, a título personal, nos parece absolutamente legítimo y oportuno. Ya hemos sido testigos de las dificultades de integrar personas de otras regiones al Quindío. Debe sonar absurdo para lectores del extranjero, pero los colombianos sabemos muy bien que dentro de nuestras fronteras hay profundas diferencias culturales, que cuando no se saben gestionar, terminan generando un choque digno de ser considerado.
“Ya lo hemos visto, por ejemplo, con las familias a las que les otorgaron terrenos en la vereda La Granja, en Buenavista, y que venían de otras partes del país. A los 4 o 5 años ya habían vendido”, reitera Cárdenas. Añadimos nosotros otros casos, como cierta comunidad, que al llegar a un municipio de Cordillera tuvo que reacondicionar su estilo de vida porque cada fin de semana los jóvenes se embriagaban en la plaza y terminaban en peleas. O las cientos de familias foráneas que terminaron recibiendo una vivienda del Forec como parte de la reconstrucción post terremoto y que trajeron consigo prácticas que aportaron bastante a la descomposición del tejido social que se vivía hasta el momento en el Quindío.
Ante esto, la norma de la ANT da un plazo de 7 años para exigir la permanencia de quien sea sujeto de formalización. Así lo señaló Natalia Andrea Pérez Alonso, coordinadora de la unidad de gestión del organismo en el Quindío: “Cuando se le entrega la tierra a un reclamante empieza a aplicarse el régimen parcelario, que determina que durante 7 años debe permanecer allí: no puede vender, no puede arrendar, no puede abandonarlo, no puede parcelarlo”.
Luego de salir avante con la ordenanza (la que exime a la entidad del pago del impuesto de Registro, al ser esta la que realiza el trámite de cada uno de los beneficiarios), la funcionaria aceptó que en varios departamentos donde se ha tramitado esto en las Asambleas, existe cierta desconfianza sobre la posibilidad de que los favorecidos sean de otras partes del país.
“A nivel nacional, la ANT no hace una discriminación por lugar de residencia. El sujeto tiene todo el derecho de elegir hacia dónde se quiere ir. En caso de incluir el certificado de vecindad pondríamos en riesgo personas que, por ejemplo, llevan 2 años viviendo acá y tienen una calificación altísima (porque los seleccionamos por puntaje). Hay personas por fuera del departamento que por asuntos laborales se fueron, y que pese a salir beneficiarios, no podrían entregar un certificado de vecindad, que era lo que se estaba proponiendo. Así como hay quindianos que están pidiendo tierras en otros departamentos, hay personas de otros departamentos que están solicitando tierras acá”.
-¿Hay quindianos que están pidiendo tierras fuera del Quindío?- le pregunto –Si el departamento es considerado uno de los mejores lugares para el agro, con tierra fértil y libre de cadmio, suficiente agua, clima templado, la cantidad exacta de sol para que los frutos logren el dulzor que busca el consumidor. Con infraestructura de vías, de servicios, cercanía con los pueblos y ciudades-. (No es propaganda).
-Pues entre los casos que conocemos, hay personas con subsidios aprobados, pero el costo de la tierra en el Quindío es tan alto que prefieren comprar en otro departamento donde les alcance para una mayor extensión, casi el doble. Es una decisión que proviene de sus proyectos de vida.
Suponemos que era el impuesto de Registro el palo en la rueda para que se empezará oficializar la titulación. Pero entonces la situación de estas familias señala otros aspectos, ya contemplados por Julio César Cortés, el secretario de Agricultura. “El gobernador Juan Miguel Galvis está presto a hacer una articulación interinstitucional para que una vez les entreguen los predios, puedan aspirar a recursos de la Agencia de Desarrollo Rural; los acompañaremos a formular sus proyectos, y en caso de necesitarlo, les ayudaremos a hacer el cierre financiero. Pero también hay que comprometer las otras instituciones del Gobierno, porque si vamos a hablar de una Reforma Rural Integral no se puede limitar solo a entregar tierras, sino que haya soluciones para la vivienda, la electrificación, el agua, la educación… El Gobernador le pide a la ANT que, si vamos a iniciar un proceso importante, que sea para superar y mejorar las condiciones de vida de estas familias”.
Cortés sabe de lo que habla; varios de los procesos anteriores de adjudicación estuvieron en sus manos cuando fue director del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder. Lo que reitera el secretario es la necesidad, no solo de asistencia técnica (para que el cultivador de ñame aprenda sobre café, por ejemplo), sino también de otra serie de derechos y condiciones que deben garantizársele a las comunidades para que esto no se nos convierta en una problemática social que, reiteramos, ya hemos vivido antes.
Bueno y que tal si –propuesta de El Cuyabran a la Alcaldía y el Concejo de Armenia- se exploran posibilidades para ayudar a la Reforma, y se generan instrumentos de exención o descuento en Predial a procesos como los de Murillo… No sé, es una idea…
Dos riesgos latentes
Existen además otros aspectos que tendrán que revisarse sobre la marcha. La explicación de Pérez Alonso, de la ANT, sobre el costo de la cuadra rural en el Quindío en comparación con otras regiones nos lleva a averiguar más sobre las posibilidades que tendría una familia para desarrollar de manera exitosa un proyecto productivo. Hablamos con un ingeniero agrónomo, que prefirió no dar su nombre sobre el tema, y señaló algo que deberá revisarse: el cumplimiento de las Unidades Agrícolas Familiares.
Este término define una unidad de medida que engloba el mínimo viable que una familia campesina debe tener para “recibir remuneración por su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que ayude a la formación de su patrimonio”, de acuerdo con la página web de la ANT. Nuestro especialista calculó que, en términos de ingresos, cada Unidad Agrícola Familiar debería corresponder a 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
“El problema es que las tierras que se están entregando en este departamento son de tan poca extensión, que podrían ser insuficientes para que las familias alcancen los 2 salarios mínimos”, indicó. ¿Cómo podría pasar esto, si la ANT es la que define el término y también es la encargada de las adjudicaciones? Nuevamente (este artículo se autorreferencia constantemente) podría ser causa de las tablas construidas en Bogotá y que no tienen en cuenta las particularidades de esta región: si la tabla da un rango de precios que garantiza la Unidad Agrícola Familiar en Vaupés, raramente ese mismo cálculo funcionará en el Quindío.
Estamos especulando. Lo más probable es que este tema ya haya sido contemplado y que todo ruede bien. Pero entonces nos queda otra duda, que surge de las cifras de la ANT: “Tenemos más de 16.000 personas naturales solicitando ser sujetos de reforma en el Quindío, frente a 35 solicitudes de asociaciones”, nos cuenta la coordinadora de la territorial. Leíste bien: 16.000 familias que en el momento están pidiendo pista para asentarse acá, en el departamento continental más pequeño del país.
Revisando los archivos de El Cuyabran Post recordamos que ya habíamos hecho, en este artículo, una especie de alerta especulativa, pero con base en la Ley que rige las Zonas de Reserva Campesina: “En el parágrafo 1 del artículo 2.14.13.1. del decreto único reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural (decreto 1071 de 2015), se establece la posibilidad de que, en caso de que las ZRC se ubiquen en zonas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se sustraiga el polígono del área de conservación”, subrayamos en el momento.
Es decir, podría llegar el momento en el que las zonas cobijadas con la Ley 2 de 1959 como áreas de conservación medioambiental (vitales para la producción del agua que consumimos) se empleen para darle cumplimiento a la Reforma Rural Integral. Antes de entrar en pánico con la posibilidad, la diputada Jessica Obando subraya una contrariedad visible a todos pero poco comentada en algunos círculos.
“Cuando nos adentramos a la Cordillera nos encontramos que está llena de fincas, de aguacate Hass, de pino y eucalipto. Hay grandes industrias con monocultivos –y todo el impacto que esto genera en el medio ambiente- y ellas tienen derecho a hacer este tipo de explotaciones, pero nuestro campesinado (que hoy es, en gran parte un neocampesinado que se está pensando en la agroecología, la agricultura regenerativa y otras formas más amables con el medio ambiente) no tiene derecho a acceder a esa tierra. La Ley 2 hay que preservarla, pero también hacer una revisión de cuáles son los criterios para autorizar esa sustracción”.
Precisamente Obando es la abanderada de varios colectivos ambientalistas que impulsan la realización de la Pre COP ‘Andes del Quindío’, una cumbre regional que consigne el sentir de la región para presentarla ante la COP 16 en Cali a finales de año. Y el tema de la transformación del modelo agrario será uno de los tres ejes de la discusión, junto con la pérdida de la biodiversidad y el impacto del turismo. Se espera que se inscriban ponencias de grupos campesinos, ambientalistas o de comunidades indígenas y afro con asiento en la ruralidad.
“Hemos convocado a la Agencia Nacional de Tierras, las Corporaciones Regionales Autónomas de los 4 departamentos del Eje Cafetero (incluye Tolima), el instituto Alexander von Humboldt, la Agencia de Desarrollo Rural, ministerios de Comercio y Agricultura, Fontur, incluso los alcaldes que hacen parte de la zona cordillerana”, subraya. Para participar del encuentro, las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto en este link. ¿Qué mejor escenario para empezar a resolver las dudas e incertidumbres de la Reforma Rural Integral, que como todo proceso novedoso, no está del todo inventado. Es definitivamente, una conversación que tenemos pendiente.