Una de las fotografías más compartidas, comentadas y debatidas a finales de 2016 muestra al entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, dándose la mano con Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, en un gesto que sellaba los Acuerdos de Paz de La Habana entre el gobierno nacional y las Farc. Como producto de las negociaciones, el punto 1 en específico se orientaba a un tema que ha generado guerras, masacres y todo tipo de vejámenes a lo largo de nuestra maltrecha historia como país: el acceso a la tierra.
Habría que esperar a que pasara por el cargo su sucesor, Iván Duque, y que luego se posesionara Gustavo Petro como jefe de Estado, para que se empezara a concretar una reforma agraria tan anhelada por algunos como temida por otros. Un instrumento que incluye en sus componentes una Reforma Rural Integral, con la meta de recaudar en un fondo estatal de predios, 3 millones de hectáreas a lo largo de 10 años para hacer una redistribución que se plantea como una herramienta de equidad. En estos 3 millones de hectáreas, se incluye por supuesto, al Quindío.
Lo que conlleva numerosas dificultades a la hora de su aplicación en el territorio nacional, lo es aún más en el departamento. Primero, hay que tener en cuenta que el costo de la cuadra en el sector rural quindiano sobrepasa con creces las tablas estandarizadas del ente central en Bogotá (una circunstancia que ha llevado a que muchos proyectos se vean frenados o ralentizados en el departamento cuando se enfrentan a la gestión predial). Para ser más claros: la tierra más cara del país es la de esta región.
Pero, en un propósito casi inédito en el último medio siglo, como lo es una reforma agraria, se están generando otro tipo de dificultades. La coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras, Natalia Andrea Pérez Alonso, lo define muy bien: “El Quindío es atípico”, señala sin dudarlo, antes de explicar los retos que, como autoridad nacional en la materia, deberán afrontar para garantizarle el acceso a campesinos sin acceso a tierras: un absoluto absurdo que el Estado tiene como deuda con su población campesina.
El difícil tránsito a la titularidad
Miércoles, 9:00 de la mañana. Es el piso 10 del Centro Administrativo Departamental. A puerta cerrada y por las ventanas del salón de juntas de la secretaría de Agricultura, veo a unos hombres alterados. Unos visten como campesinos, otros como abogados. Son los reclamantes de tierras en el departamento, que acusan a todos los niveles de gobierno de ignorar sus necesidades. Sentada alrededor de la mesa, veo impávida, con la mirada estoica a una joven, que recibe como un pararrayos la furia de sus interlocutores. Es Natalia Andrea Pérez Alonso, coordinadora de la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras – ANT en el Quindío.
A los pocos días la vuelvo a encontrar en el último Consejo Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y de Desarrollo Rural – Consea, de 2023, en donde explica la posibilidad que tendría parte de los reclamantes, a hacerse con un predio titulado, para ahuyentar por fin, los años de informalidad e inseguridad jurídica que los ronda. Una de las herramientas propuestas: Las Zonas de Reserva Campesina – ZRC.
La figura en pocas palabras, busca otorgarle títulos a campesinos que vivan en zonas limítrofes, bajo un esquema de ordenamiento jurídico regido por un plan de desarrollo formulado por las mismas comunidades. En él, uno de los puntos fuertes es la conservación, el desarrollo sostenible que les permita, por un lado, ser productivos, y por otro frenar el avance de la frontera agrícola que en ocasiones es el responsable de la pérdida paulatina de bosques para darle paso a los cultivos.
“Había figuras para que tanto indígenas como poblaciones afro (planes de vida y planes de buen vivir, respectivamente), definieran la titularidad de sus territorios, pero habíamos dejado por fuera al campesinado. Las ZRC, a diferencia de los instrumentos para las otras dos comunidades, permite adjudicar títulos individuales y no colectivos, reconociéndolos como sujetos de transformación del territorio y del paisaje, en términos de conservación de sus estructuras ecológicas y ecosistémicas”, explica Pérez Alonso, “por eso exigimos que se delimite un polígono interconectado (no pueden haber usuarios en lugares separados) que me garantice tener corredores ecológicos, que pueda ejercer sus derechos de regulación de sus territorios, y que sean capaces de una planificación territorial”.
A la fecha, se encuentran oficializadas dos propuestas de ZRC en el departamento: una asentada en el municipio de Calarcá, y otra con usuarios separados en diferentes municipios, lo que volvería inviable la solicitud. Justo el tipo de cosas por las que empiezan a aflorar acusaciones de una comunidad ya muy acostumbrada a que se cierren las puertas de la oferta institucional.
“Las solicitudes son de campesinos sin tierra. Están viviendo en la ciudad o en arriendo en las veredas, pero sin posesión de tierras. Es atípico; no es la generalidad de cómo se hacen las solicitudes en el país, porque por lo general son grupos concentrados en unos polígonos específicos en busca de seguridad jurídica a través de este proceso; acá hablamos de personas que tampoco son tenedores de la tierra, lo que lo hace más complejo de resolver”, reconoce. Pero el descontento de la gente es tal vez, el mal menor en este tema.
Escenario 1. Una redistribución de tierras donde no las hay
El Quindío es pequeño. Con tan solo 1845 km2 es el departamento continental con menos extensión geográfica, y que solo está por encima de San Andrés y Providencia. Y aunque posee condiciones envidiables para la producción agrícola, la disponibilidad de predios es bastante limitada. Hay que tener en cuenta que cerca de la mitad de las tierras están protegidas por la Ley 2 de 1959, que las convierte en áreas de conservación.
Allí, de acuerdo con la altura, o se limitan las actividades productivas al consumo interno de las familias que allí habitan, o simplemente no se pueden cultivar, por el rol medioambiental que estos ecosistemas ejercen. De acuerdo con el ‘Estudio semidetallado de suelos y zonificación de tierras del departamento del Quindío’ del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, un 61,5% corresponde a áreas de protección legal como parques naturales nacionales y parques o reservas forestales regionales.
Pero ¿qué pasa con el territorio restante? El Cuyabran Post tuvo acceso a un diagnóstico realizado por la secretaría de Agricultura del departamento, en el que el dictamen es radical: la gran mayoría de las tierras que podrían ser empleadas para la producción están ocupadas por el turismo y la construcción. Examinando las fotos satelitales, el Quindío es una colcha de tejados y piscinas, dejando relegada la agricultura a vecinos como el Tolima y Risaralda, y afectando de manera alarmante la soberanía alimentaria. Ese de por sí, es otro tema.
De acuerdo con Natalia Pérez, de la ANT, no se tiene en la regional una cifra certera de con cuántos predios cuenta el Fondo Nacional de Tierras en el departamento (si se tiene en cuenta que este suma todos los bienes patrimoniales que ya tenía la Nación, los de la recuperación de baldíos por gestión de las territoriales, los predios de extinción de dominio y transferidos por la Sociedad de Activos Especiales, o por compra). Entonces, en el hipotético caso de que no alcancen los predios y definitivamente no haya cama pa tanta gente ¿Cómo responderles a los reclamantes?
Escenario 2. La sustracción de predios de conservación
Revisando la normatividad correspondiente en la página del ministerio de Agricultura, El Cuyabran Post encontró una figura que debería prender (moderadamente) las alarmas. En el parágrafo 1 del artículo 2.14.13.1. del decreto único reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural (decreto 1071 de 2015), se establece la posibilidad de que, en caso de que las ZRC se ubiquen en zonas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se sustraiga el polígono del área de conservación.
“El Quindío es un desafío gigante, porque en otras partes las zonas de conservación son pequeñas, pero acá más de la mitad del territorio está en Ley 2 del 59. Para la ANT, esto obliga a que se genere una ruta de trabajo para que revisemos las oportunidades que tuviéramos, aun cuando no fuera necesaria la sustracción de predios de la zona de conservación. Pero, si se hiciera, esto no quiere decir que en los polígonos se exima de las responsabilidades ambientales que tiene la Zona de Reserva Forestal. El desafío de una Zona de Reserva Campesina es que tienen que formular un plan de desarrollo en el que se determinará una regulación y unos controles específicos”, precisa Pérez Alonso.
Nos asalta la duda de cómo se ejercerían entonces los controles a las ZRC que queden en las áreas de conservación que abastecen al Quindío de agua. Y sin querer ser emisarios de malos presagios, nos preocupa que estos santuarios naturales deban abrirse a las comunidades en las que, inevitablemente, y así operen bajo un modelo de desarrollo sostenible, terminarán interviniendo un ecosistema tan frágil. Porque, en el caso en el que este panorama se haga realidad, la figura estaría cumpliendo con su objetivo de garantizar los derechos campesinos, pero el avance de la frontera agrícola habría ganado una nueva batalla quitándole cada vez más a la cordillera.