¿Recuerdan cuando un domingo por la noche se enteraban que tenían que llevar una cartelera al otro día al colegio? Quisiéramos pensar que eso no es lo que le pasa al equipo jurídico del alcalde James Padilla García, que esta semana recibió del Tribunal Administrativo del Quindío un concepto no favorable al acuerdo 316 de 2024, que autorizaba al mandatario a contratar un empréstito para financiar varias obras consignadas en su plan de desarrollo. Una negativa que, no solo estuvo en concordancia con lo objetado por la Gobernación, sino que además sumó un reparo más a la iniciativa.
¿Y por qué traigo a colación lo de la cartelera? Porque todo apunta a que la caída de este y otros proyectos que se le han caído al gobernante (así como al resto de los Alcaldes del departamento, hay que subrayarlo) ha sido por pequeñeces. El problema es que esas pequeñeces hacen parte del mecanismo establecido de manera específica por la Ley, la Constitución, e incluso por los reglamentos internos de los Concejos que terminan aprobando acuerdos que trasgreden lo procedimental.
Para El Cuyabran, esto resulta algo muy obvio, pero para medios afines a la administración municipal de Armenia, no tanto. Ejemplo son las publicaciones firmadas por la cuenta anónima de Facebook llamada ‘Armenia Último Minuto’ en algunos grupos de Whatsapp: “En un hecho que ha generado indignación entre los ciudadanos, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró nulo el acuerdo municipal que autorizaba al alcalde de Armenia, James Padilla García, a gestionar un empréstito por $176.000 millones”- reniega –“Esta decisión, impulsada por acciones legales del gobernador Juan Miguel Galvis, representa un golpe significativo al plan de desarrollo de la capital quindiana y al bienestar de los ciudadanos”.
Continúa con acusaciones a Galvis de “frenar el progreso de la ciudad”, y se toma el atrevimiento de sugerirle al municipio “acudir a instancias nacionales para que se investigue si el Tribunal Administrativo del Quindío actúa en concordancia con los intereses ciudadanos o como una entidad al servicio de la Gobernación”. ¿Otro ejemplo? Acá va uno del día siguiente: “Es evidente como ciertos medios han adoptado una línea editorial que parece responder a agendas políticas específicas, auspiciadas por recursos económicos provenientes de sectores que buscan influir en la opinión pública. Esta dinámica ha llevado a un detrimento en la calidad de la información que se ofrece a los ciudadanos, quienes confían en estos espacios para estar informados sobre diversos temas de interés regional (…) Es lamentable que en lugar de fomentar el diálogo y la crítica constructiva, se esté promoviendo la polarización y el sensacionalismo”.
Por ahí dicen que “al bagazo poco caso”, y que responderle a un perfil falso administrado por profesionales de la propaganda negra es desgastarse innecesariamente. Pero tenemos que reconocerle algo a la bodeguita: Esta dinámica (que ellos mismos promueven presentando la semana pasada un reel del Coliseo Multideporte con tomas de cuando estaba en construcción para hacerlas pasar como si el edificio se hubiera entregado así) sí ha llevado a un detrimento en la calidad de la información que se ofrece a los ciudadanos. Y como se muestran tan dispuestos a “fomentar el diálogo y la crítica constructiva”, vamos a examinar lo que está pasando con el equipo jurídico de la Alcaldía. Sí, el de la cartelera hecha a última hora.
Menos politiquería y más apego a la Ley
El agarrón se propició el pasado viernes 22 de noviembre, cuando se dio a conocer que el Tribunal Administrativo del Quindío – TAQ, había invalidado el acuerdo municipal 316 de 2024, que le entregaba facultades a Padilla García para contratar un empréstito por 176 millones de pesos. La razón del TAQ para haber negado la pretensión de la administración municipal fue la misma que la de la secretaría Jurídica del departamento.
Acá un intermedio. Porque toca explicar que todo acuerdo municipal debe pasar por revisión jurídica de la Gobernación. Así lo determina la Ley, no se lo inventó Juan Miguel. Por lo general estas iniciativas surgen de las Alcaldías, se radican en los Concejos municipales, pasan por dos debates (el primero para evaluar si se ajusta a la Ley y la Constitución, y un segundo donde se calcula si es conveniente para la localidad), y si son aprobados tienen que pasar necesariamente por el análisis del departamento. Cuando se detectan inconsistencias, el procedimiento estipula que dicho proyecto pasa, con las observaciones hechas, al Tribunal, que es quien da el concepto. Es el que decide sí se puede o no. ¿Vale?
“Lo que observó el departamento es que no se había establecido una temporalidad, un periodo en el que el alcalde tendría las facultades para adelantar la contratación del empréstito, lo que es un requisito de la Constitución que señala que todos los acuerdos, autorizaciones o facultades que se otorguen, deben de ser protempore, es decir, de manera precisa y temporal”. Él es Juan Carlos Alfaro, secretario Jurídico y de Contratación de la Gobernación. En la entrevista, añade que, en su concepto, el tribunal no solo confirma lo observado por el departamento, sino que adiciona un componente más que invalida lo autorizado en el municipio: que tampoco precisa cuáles facultades serían las otorgadas al mandatario para realizar esta operación.
-Es válido aclarar que no nos hemos pronunciado en temas de conveniencia, sino solo de legalidad y constitucionalidad. Decisiones como el haber sido aprobados sin que se surtan los debates requeridos, o sin que se respeten los términos fijados por Ley para dichos debates, hace necesario objetar esos acuerdos y el tribunal en ocasiones los declara inválidos. Es cuestión de tramitarlos de acuerdo con las disposiciones legales; la función nuestra es revisarlos.
-¿O sea, al no objetar la conveniencia, no se está tocando el contenido de los proyectos?- pregunto.
-No señor.
-¿Entonces se desvirtúa la acusación de que el gobernador estaría metiendo la mano para entorpecer la gestión en la ciudad?
– Si eso fuera el objetivo del departamento, no estaríamos adelantando este trámite con acuerdos de los 12 municipios. Seguramente algunos de estos proyectos tienen las mejores intenciones, pero si no se cumple con la Ley, la consecuencia es la invalidez. A la fecha hemos procedido con cerca de 32 acuerdos de todo el Quindío, de los que hemos recibido concepto del TAQ de unos 24. Y de estos, 22 han sido declarados inválidos.
Precisamente, junto con la noticia de que se caía el empréstito para Armenia, se dio a conocer que otro acuerdo municipal, esta vez de Montenegro, era considerado inválido por la instancia jurídica: el que otorgaba facultades al alcalde para crear una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter municipal; un proyecto que carecía de precisiones sobre si la entidad que se constituiría sería de carácter privado o mixto, obvió los estudios técnicos que soportaran su nacimiento y, de nuevo, se pasó por encima del principio de la temporalidad.
El desatino institucional
¿Entonces en quién recae la responsabilidad? Porque, por más que la bodega anteriormente citada quiera endilgarle al Gobernador una triquiñuela para atravesarse a las pretensiones del Alcalde, que sugieran que el TAQ le trabaja al Gobernador, y que los medios que difundieron la noticia no hablan con la verdad, objetivamente la culpa la tiene la misma Alcaldía. Particularmente el equipo jurídico que permite que se les caigan los procesos por vicios de procedimiento tan básicos que deben hacer parte de un parcial de 4 semestre de derecho.
¿Qué pasa al interior de la Alcaldía? Porque en un primer momento nos dijimos: es posible que funcionarios sin la experiencia en el sector público hayan llegado por el reciente concurso de méritos y estén pagando la primiparada. Nos contactamos con la oficina de prensa de la administración municipal pero no fue posible recibir una respuesta más amplia que la del comunicado firmado por Padilla García en la que, a regañadientes, acata el fallo.
¿Y que hay del Concejo? Nos dispusimos a hablar con un concejal oficialista y otro de la oposición por aquello de buscar el equilibrio informativo. Por el bando de la Alcaldía, hablamos con un corporado que se rehusó a dar declaraciones, pero que off the record nos confirmó que desde el organismo se comparte la misma incertidumbre frente a la idoneidad de quienes rodean al Alcalde, dada la suerte de varios de los acuerdos aprobados en la entidad.
Por otra parte, está Germán Darío Grisales, que logró su curul mediante la coalición entre el extinto partido Creemos y el partido Ecologista Colombiano. Junto con Jonathan Rojo, Felipe Villamil y José Ignacio Rojas, compone un frente denominado ‘Otra visión de ciudad’, que se ha logrado notoriedad por ser la voz disidente en algunas de las iniciativas presentadas por la administración. Y aunque se denomina independiente (mientras que sus compañeros de batalla se declaran en plena oposición), se ha convertido en una de las 4 voces que le hacen contrapeso al Gobierno local (que aún así tiene en el bolsillo 15 concejales más, incluyendo la falsa oposición compuesta por Juan Diego Palacio y Álvaro Hernández).
-Estamos hablando de 176 millones de pesos: es el empréstito el más alto en la historia de la ciudad, en un momento en el que Armenia también el presupuesto más alto de la historia, con 2,7 billones de pesos; es obvio que el proyecto iba a generar mayor atención- indica.
-Este no es el primer acuerdo de la Alcaldía en contar con la misma suerte. Y tanto en las ocasiones anteriores como en esta, ustedes como ‘Otra visión de ciudad’ han señalado las mismas fallas por las que los proyectos se caen…
-Hemos tratado de ser críticos desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero, con los 37 acuerdos que se han debatido o que han llegado a estudio hasta hoy, así como en temas de ciudad relacionados con el Plan de Desarrollo.
Justamente una de las iniciativas que esperan un concepto de parte del TAQ es la privatización de parte de los servicios de la Secretaría de Tránsito y Transporte – Setta. Para que nos entendamos: las fotomultas. Un proyecto gestado en la misma Alcaldía y que fue aprobado en el Concejo pese a que carece de estudios e información suficiente para determinar que es una buena idea. La primera vez se cayó, en el mes de junio, dándole la razón a los 4 concejales disidentes. El equipo de Padilla se reunió a subsanar los faltantes para presentarlo en tiempo récord, pasó a pupitrazo en el Concejo con las mismas fallas, y ahora está en manos del tribunal. Los corrillos ya dieron su veredicto: se vuelve a caer.
-En ninguna de las dos ocasiones que lo han pasado, han cumplido con un requisito: un estudio técnico. Esto no es capricho que nosotros nos estemos inventando: el artículo 4 de la ley 1508 de 2012 que dice que previamente se requiere de un estudio especializado que determine que lo mejor es concesionar. El municipio no es una tienda de barrio donde el alcalde toma la decisión: es necesaria que la decisión esté soportada por un estudio.
-¿Desde su curul sabe qué pasa al interior de la Alcaldía? ¿Será resultado de la inexperiencia?
-No sé si es que no se están tomando en serio esto. Pero mire lo que pasó la semana pasada…
Como parte de la comisión del plan de desarrollo, me cuenta Grisales, pudo conocer desde su etapa más temprana el proyecto de acuerdo 032 de 2024, que autoriza al Alcalde para entregar de modo gratuito títulos fiscales de propiedad del municipio, haciendo referencia a 5 inmuebles. Gran sorpresa se llevó cuando, con una sola mirada a los certificados de tradición de las edificaciones referidas, se enteró que dos no eran de la Alcaldía.
-Estaban entregando unas casas que no son del municipio.
-¿Y quién es el propietario entonces?
-Fonvivienda, que es una entidad descentralizada del orden municipal. Pero eso la convierte en un organismo diferente que tiene su propia junta directiva, y que es la que debe autorizar. Como concejales, nosotros somos la junta del municipio, pero no podríamos dar una autorización a este proyecto porque estaríamos extralimitando nuestras funciones.
No hay lío: el proyecto fue retirado por la administración antes de llegar a debate de plenaria, tal vez conociendo el error que llevaba. Pero algo queda claro con este, reitera Grisales: “Lo delicado es que el proyecto de acuerdo lo firman 17 personas, entre los secretarios Jurídico y de Planeación, y el gerente de Fonvivienda. No se tomaron la molestia de revisar la documentación de estos inmuebles. Y exponiendo al alcalde a una situación penal de prevaricato, así como disciplinario”.
Ante esta incertidumbre le preguntamos a Alfaro sobre lo mismo: su percepción sobre la falta de idoneidad de los asesores, secretarios de despacho, directores, jefes o jurídicos de las administraciones.
-Nuestro equipo ofreció el pasado 1 de octubre un taller a los Concejos municipales de los 12 municipios, Alcaldes, funcionarios y personeros, con el único propósito de contarles las condiciones de Ley, cómo debían adelantar dichos trámites. Y debo decir que la asistencia fue, por así decirlo… lamentable, teniendo en cuenta que lo que buscábamos era precisamente contribuir a que estos procesos mejoraran en los diferentes municipios.
Es decir, ni siquiera existe el interés genuino por aprender, actualizarse o estar en la socialización del marco legal vigente, de acuerdo con el nivel de conocimiento de cada uno. Minutos antes de ser publicada esta historia, se rumoraba que otro proyecto de acuerdo, para que el Alcalde de Armenia comprometiera vigencias futuras, fue retirado también. La improvisación ronda por los lados del CAM, pero también de las alcaldías. Y mientras los municipios dan tumbos, se genera un desgaste administrativo y jurídico que no debería pasar en un Estado eficiente, poniendo de paso, en riesgo a los mandatarios, frente a posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales. Pero por acá nada pasa, porque la cartelera se está haciendo un domingo a las 9 de la noche.