Tal vez sean los animales, los mejores testigos en un juicio final sobre el comportamiento humano, y lo similares que, como especie, podemos acercarnos a lo descrito en las tradiciones religiosas como demonios. El nivel de crueldad del hombre con otras especies es absolutamente demostrable, y el Quindío no es la excepción. Justo la semana anterior se conocieron tres casos que personalmente, me sacudieron, dejándome con mal sabor de boca.
El primero se presentó en pleno desarrollo del Coroteo Campesino, una de las actividades que hacen parte de la programación de las fiestas en Salento de principio de año. En el vídeo compartido, se muestra como un caballo colapsa por exceso de carga compuesta por canastas, sillas y costales, mientras los locales ríen mostrando una absoluta falta de empatía y humanidad. El hecho podría ser considerado como aislado, si días atrás la alcaldía de Pijao no hubiera autorizado una cabalgata de 15 horas que, por presión ciudadana y de los medios, se redujo tan solo a 12…
El segundo ha tenido como protagonistas a un par de venados de cola blanca que han sido hallados muertos por disparos, mientras que una cría fue rescatada y entregada a la Corporación Regional Autónoma del Quindío – CRQ. La entidad, como autoridad ambiental del territorio, confirmó que esta especie no es propia del ecosistema quindiano y que se podría inferir que los especímenes fueron parte de operaciones de tráfico ilegal de fauna.

El tercero es tal vez el más escabroso: el presunto sacrificio, por parte de un joven habitante de Circasia, de animales de compañía, y del que se conocieron fotografías tanto de gatos decapitados como de conversaciones por chat en las que el señalado afirma hacer trabajos de brujería por encargo. En una de las publicaciones se ve una escena en la que presuntamente el acusado es aprehendido por la Policía; pero días después el mismo personaje sale sentado en una sala de una casa (presumiblemente la suya) dando una entrevista a un medio local, en el que se excusa argumentando razones sumamente difíciles de creer. El caso es que el sujeto parece estar suelto y sin que en su contra curse ningún proceso.
De ahí que resulte tan necesarias y tan bien recibidas las iniciativas que en el departamento parecen avanzar en torno al tema del bienestar y la protección animal. Estrategias que tienen como origen un tándem interesante y que ya empieza a dar frutos: el gobernador Juan Miguel Galvis y la diputada Beatriz Elena Aristizábal Pérez. Él desde la administración territorial, y ella como parte de la Asamblea, fueron fundamentales para que, durante la última semana de 2024, se entregaran insumos a las fundaciones animalistas del Quindío. Pero, además, en sus manos se encuentran otras estrategias que verían la luz durante 2025, como el hospital veterinario departamental y la política pública de Protección y Bienestar Animal.

La receta secreta de la sostenibilidad
Hablamos con la diputada Beatriz Elena; el mejor ejemplo de que hay humanidad en la humanidad (¿se entiende el juego de palabras? ¿cachay? ¿capisci?): lo decimos sin dudarlo. Rescatando animales desde los 8 años de edad, durante toda su vida este ha sido el motor de sus experiencias, hasta llevarla el año pasado a la Duma.
-Con toda la humildad del mundo se lo voy a decir: si no hubiera una diputada animalista y un equipo comprometido, por más voluntad que hubiera del Gobernador, ese proceso no se hubiera dado, porque lo público no cuenta con la inmediatez que uno quisiera. Igual si el Gobernador no tuviera el compromiso tampoco se hubiera dado. Y no se puede desconocer que todos los diputados tienen esa sensibilidad e intencionalidad de trabajar por los animales.
-¿Cómo interpretar de manera adecuada la entrega de insumos a las fundaciones?
“Es algo histórico”, me responde. La pregunta era para ambientar la entrevista, porque a nadie se le escapan las dificultades que tanto organizaciones como ciudadanos particulares atraviesan para cumplir con esta labor. Los 230 kilos de concentrado para gatos y perros, los medicamentos, los elementos de aseo y los guacales que compusieron esta donación (que se realizará de manera anual) llegan a cubrir las carencias de las que adolecen y que Beatriz conoce muy cerca con su fundación Fundamor y su clínica Fundavet Calarcá.

-Con Fundamor llevamos más de 13 años trabajando por mejorar la calidad de vida de los animales. Pero para abrir las puertas del establecimiento comercial en donde funciona la clínica, aproveché que era concejal de Calarcá para solicitar un crédito a Davivienda y así arranqué con el proyecto. A veces me preguntó hasta qué punto podré solventar el proyecto, y luego recuerdo que por esto es que vivo, y con eso es más que suficiente.
Me le quito el sombrero. Porque además, la iniciativa personal que ha logrado concretar con su clínica podría ser la semilla para una iniciativa de la administración departamental de la que el mismo gobernador ha hablado constantemente en medios de comunicación: el hospital veterinario departamental. La vuelta con esto es la misma de todos los programas asistenciales: la plata. Beatriz parece tener una alternativa, probada en el mismo Fundavet, y que ella define como el primer Sisbén para animales.
-Lo que hacemos es que, a través de la base de datos nacional del Sisbén, en donde se clasifica la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas en cuatro categorías. A través de este modelo, ofrecemos tarifas diferenciales de entre 10.000 y 20.000 pesos. Pero, además, prestamos atención a los animales que no cuenten con un responsable, o que este definitivamente no tenga los recursos para hacerlo.
-¿Y cómo se sostienen estas intervenciones de caridad?

-La idea es que las personas paguen de acuerdo con su capacidad y ayuden a subsidiar estos casos especiales. En caso de no tener la posibilidad económica, a través de Fundamor tenemos la posibilidad de gestionar el recurso. Y si definitivamente no se puede, las atenciones salen de la buena voluntad de Beatriz- comenta en tercera persona y entre risas.
Las cifras hablan por sí solas: desde el 1 de febrero de 2021 a la fecha, Fundavet ha atendido más de 8.000 animales de compañía del departamento, de los que alrededor de 1.500 han sido gratis. Una hazaña, si se recuerda que, para su operación, se pagan impuestos, nómina y servicios públicos. Un panorama al que se enfrentará el departamento una vez abra sus puertas la clínica. La diputada es consciente de esto.
-Tenemos que ser muy responsables con lo que se va a proponer, porque querer hacer y soñar es fácil, pero no podemos comprometernos de manera exagerada con lo público, y un hospital totalmente gratuito sería inviable para el departamento por su categoría y los ingresos que percibe. Entonces, lo que se ha venido plasmando desde 2024 es buscar una figura jurídica donde los servicios puedan ser cobrados a un precio competitivo de acuerdo a las condiciones del mercado, y que las utilidades se inviertan en los animales más necesitados y vulnerables.

La política pública para englobar las acciones institucionales
A lo largo de este año también podría ver la luz otra iniciativa que se enmarca en este propósito; Beatriz espera que en este primer periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea: la política pública de Protección y Bienestar Animal. Formulada en un principio durante el periodo del ex gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, el documento fue objeto de revisión desde el inicio de la actual administración en un trabajo que contó, de nuevo, con el acompañamiento de la diputada, y luego de surtir su trámite por las secretarías Jurídica, de Hacienda y de Planeación, parece estar lista para estrenarse en el debate al interior de la corporación.
En un esfuerzo por lograr una integralidad, la política pública abordará cuatro grandes grupos de especies, de acuerdo con nuestra relación con los animales: un apartado para los animales de compañía (que conectaría con el caso del mago negro torturador de gatos en Circasia), otro para las especies en producción (relacionado con los caballos sobre explotados en Salento y Pijao), uno más para los silvestres y salvajes (como en el caso de los venados), y un último enfocado en las especies polinizadoras, tan necesarias para la supervivencia de los cultivos y la biodiversidad vegetal propia (tengan como ejemplo los eventos de mortandad de abejas que se han presentado).
El diagnóstico del que parte el proyecto de ordenanza da refleja con cifras la situación actual: se estima que en el departamento habría una población de más de 150.000 mascotas, con la ciudad de Armenia como el municipio con mayor concentración, a una relación de 1 animal por cada 4 habitantes. En este universo, unos 110.000 son perros, y casi 40.000 son gatos. Las cifras provienen de los censos vacunales registrados por la secretaría departamental de Salud. Este volumen de especímenes daría fe de la urgencia de la situación, en la que no solo estaríamos hablando de garantizar los derechos a estos seres sintientes, sino también de contener el riesgo de agresiones y de enfermedades zoonóticas, es decir, que se puedan contagiar entre especies.

Entre los animales de producción, el diagnóstico reporta un aproximado de 83.221 cabezas de ganado bovino en todo el territorio, que ocupan un 31,4% del área total del departamento (lo sabemos, este debería convertirse en otro tema de discusión); más de 80.700 cerdos, más de 8 millones de aves, 6.700 equinos, y una cifra superior a los 1.500 caprinos y ovinos, completan la población de estas especies, que son el centro de modelos productivos. Modelos que han sabido prosperar, posicionando al Quindío dentro de los primeros cinco productores del país en temas como la industria avícola pese a su pequeña extensión geográfica.
Si las cifras son relativamente exactas en estas primeras dos categorías, resulta complejo calcular la población de especies silvestres y de polinizadores. No obstante, el diagnóstico plasma riesgos tangibles como el tráfico ilegal de fauna, la violencia proferida contra algunas especies como zarigüeyas y serpientes, la probabilidad de ser atropellados al cruzar vías vehiculares que no cuentan con pasos adecuados para la conectividad de relictos de bosque, la cacería, la pérdida de sus hábitats por el avance de la frontera agrícola y pecuaria, la contaminación por químicos usados en la agricultura, la variabilidad climática, y el cambio de sus prácticas de consumo por el contacto entre humanos. Toda una batería de indicadores que solo muestran una cosa: lo perjudicial que estamos siendo para nuestros vecinos de ecosistema.

-En la revisión de ese primer texto nos articulamos con el ministerio de Ambiente para poder alinearla con las metas estratégicas dictadas desde el orden nacional- me cuenta Beatriz.
-Sería un gran avance. Pero ¿qué cambia al contar con una política? ¿Podríamos acceder a recursos del orden central?
-Más allá de la gestión de recursos, lo más importante es que quedan las líneas de trabajo establecidas a un plazo mayor que el del gobernante de turno, por lo general a 10 años. Eso nos permite trabajar independientemente de la voluntad del mandatario. Pero además queremos que las entidades vinculadas y concernientes al tema de la protección y bienestar animal se puedan articular, que haya canales efectivos para activar las rutas de atención en caso de alguna denuncia, que se optimicen los recursos y haya un verdadero diálogo, porque hoy en día uno le pregunta a un ciudadano dónde denunciar un maltrato y seguramente no lo va a tener muy claro; o si lo hace, puede que la entidad no tenga cómo recibirle la denuncia y empiece de oficina en oficina sin que le resuelvan nada.
Palabras que debería haber escrito en negrilla. Porque si se tiene en cuenta que el agresor de gatos está libre pese a que hay una legislación que debería estarse aplicando, si se considera que la exuberante cabalgata de Pijao o el concurso al caballo más fuerte en Salento fueron impulsados por las Alcaldías, va a ser necesario sentarse con todos los actores y presionar para un mayor compromiso y mejores condiciones para ser efectivos. La policía de animales, pone por ejemplo Beatriz, en ocasiones no tiene donde dejar en custodia a mascotas vulneradas, y para esto es necesario que las administraciones municipales cuenten con un refugio; una responsabilidad establecida por Ley a los Alcaldes como máximas autoridades en sus territorios. En el inventario levantado para la formulación del proyecto de ordenanza con fecha a 2020, ningún municipio contaba con un albergue que cumpliera con las condiciones adecuadas para la labor.
Es algo que desde la Gobernación y la Asamblea se tiene muy claro: no pueden ser los únicos dolientes. El apoyo dispuesto desde estas dos entidades en la formulación de la política, en la entrega de insumos a las fundaciones, en la creación de la clínica departamental y en la próxima puesta en marcha de una unidad móvil de esterilización, no exime a los gobiernos locales de un deber con su población. Y no hablamos solo de la humana. Porque si tenemos en cuenta las relaciones ecosistémicas, de sanidad y socioafectivas de los ciudadanos que representan, deberían tomarse más en serio la labor de proteger a su fauna, en lugar de hacerse los de la vista gorda frente a hechos que suscitan una postura férrea de todos, menos de sus gobernantes.