Confesamos que casi no publicamos esta nota. Y es que nos gusta tener más certidumbre de lo que estamos hablando, cosa que en este caso no tenemos. Entonces, en lugar de dar respuestas, decidimos hacerla en forma de pregunta, debido a la gravedad del asunto, sea cuál sea la realidad. ¿Están las macrocuencas del Eje Cafetero tan en peligro que en menos de una década podrían secarse?
La historia surgió el pasado mes en una de las mesas de trabajo en las que se construye de manera participativa el Plan Departamental de Desarrollo del Quindío. Puntualmente en la mesa sectorial para la inversión de Regalías, a la que se invitó a gremios e instituciones para que aportaran sus inquietudes y soluciones a los problemas identificados, así como sus posibles soluciones. Luego de un trabajo de concertación en la que cada asistente se inscribía de manera voluntaria a alguna de las líneas definidas (como seguridad, temas sociales o gobernanza), cada uno de los equipos eligió un delegado para resumir en plenaria, el tema central de su propuesta.
Fue entonces cuando el nuevo gerente de la Región Administrativa de Planificación – RAP del Eje Cafetero, Humberto Tobón, dio la noticia que dejó a todos perplejos y absolutamente preocupados: al glacial Santa Isabel le quedarían 3 años de vida y a la Laguna del Otún 5. Sin nadie que objetara sus palabras, se procedió a registrar sus palabras como insumo para ingresar en el Plan de Desarrollo esta necesidad.
“Es evidente que es un problema regional, porque de ahí depende el agua de 4 millones y medio de personas de toda esta región y el norte del Valle del Cauca”, indicó Tobón a El Cuyabran Post, luego de su intervención, “la Procuraduría Agraria y Ambiental, de la Procuraduría General de la Nación, acaba de publicar un estudio en el cual indica que la Laguna del Otún tiene no más de 5 años de vida porque se está secando y el nevado de Santa Isabel, que origina agua para una parte muy importante del centro Occidente del país, se está quedando o se quedó sin hielo”.
Saltan las alertas
Saltan por el escenario catastrófico que esto representaría para todo el Eje Cafetero, incluyendo al Quindío que no se abastece de estas fuentes, pero en el que un deterioro de esta magnitud terminaría afectando, por ejemplo, al río Quindío que alimenta a varios de sus municipios. “¿Qué significa eso?”, prosigue Tobón, “que todos estos territorios tienen que empezar a buscar alternativas de agua subterráneas u otras fuentes que no nazcan en el Páramo, y eso es costosísimo por las obras de infraestructura que requeriría. Lo más fácil sería tratar de proteger el Parque Nacional Natural de Los Nevados. En el año 2006 un incendio consumió 3.600 hectáreas de bosque en las cercanías de la Laguna del Otún. Y de ahí para acá se han presentado algo así como 67 incendios en Gualí, en Villa María, en fin, en varios municipios, que han afectado todo ese ecosistema”.
Posterior a esta entrevista, El Cuyabran Post se volvió a comunicar con Tobón para solicitarle una copia del estudio que avalaría la alerta expedida, ante lo que nos contestó que la información no estaría consignada en un documento en sí, sino que saldría de “declaraciones de prensa y conversaciones directas con la Procuraduría Ambiental y Agraria”. Sin embargo, al contactar a la procuradora para el Quindío, Mónica del Pilar Gómez Vallejo, reiteró que no estaba autorizada para dar información a medios de comunicación, y que simplemente el caso no estaba en su jurisdicción.
Y sin embargo el estudio existe. Y tanto Tobón como Gómez Vallejo tienen acceso a él. En una entrevista publicada en YouTube por el ex diputado de Risaralda Mario Marín Hincapié, es el mismo gerente de la RAP quien señala: “El gobernador de Risaralda, el director de la Carder, el Contralor, varios alcaldes subieron hasta la laguna del Otún y el páramo de Santa Isabel, y encontraron un desastre absoluto: una laguna secándose, sin casquete polar el Santa Isabel. Y con anterioridad la RAP, cuando estaba yo ejerciendo como subgerente de Planeación de la entidad, hizo un estudio que permitió encontrar desde el punto de vista de riesgos el tema hídrico. Tenemos la posibilidad de que nos quedemos sin agua”.
¿Qué tan cerca estamos del desastre?
Quisimos entonces explorar la posibilidad de que este escenario se concrete, y para eso hablamos con Miguel Ángel Mejía Díaz, biólogo con maestría en Ciencias y Biología Vegetal, quien se ha desempeñado como director de Desarrollo Rural Sostenible en la Gobernación del Quindío. De entrada, y careciendo de datos científicos que sustenten el llamado de la RAP, Mejía Díaz descartó la cercanía de la crisis, aunque advirtió que cada vez está más cerca.
“Nunca he sido muy partidario de los escenarios catastróficos, pero este sí es un llamado de atención y alerta para que prioricemos las acciones y la inversión hacia la conservación y restauración de estos ecosistemas estratégicos. Es real que las acciones que necesitamos urgentes las estamos postergando y probablemente llegaremos a unos puntos de no retorno en algunos ecosistemas estratégicos como son las lagunas, humedales y en este caso también nevados. Desde 1992 venimos haciendo a lo largo del mundo, compromisos en conservación y cada año nos tenemos que sentar a ampliar el plazo para su cumplimiento”, subrayó.
Y es que, recuerda Mejía Díaz, aunque el desarrollo científico ha permitido ahuyentar los panoramas catastróficos de siglos anteriores (en los que la preocupación era el suministro alimenticio para la población), con el clima simplemente no hemos podido. “Tenemos la línea de 1,5 grados centígrados que no debemos superar para evitar que los océanos y los glaciares sobrevivan”; una frontera a la que nos vamos acercando cada vez más sin que la comunidad en general se sienta medianamente responsable.
¿Falta rigor en la aplicación de las alternativas?
Desde la región ya existen iniciativas que apuntan a la salvaguarda de los ecosistemas que pertenecen al parque nacional natural de Los Nevados, incluyendo la laguna del Otún y el glacial Santa Isabel. Como respuesta a un fallo de segunda instancia expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que reconoce el parque como sujeto de derechos, fueron accionados 13 municipios, 4 departamentos, ministerios como Defensa o Agricultura, Policía y Ejército, entre otras entidades, a desarrollar un plan de acción para preservarlo. El pasado 20 de febrero, justamente en Armenia, se llevó a cabo el comité de verificación de cumplimiento, en el que cada actor debe presentar el avance de los compromisos que le corresponden, en un acto en el que estuvo presente la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
Como anfitrión, el Quindío delegó en el secretario de Defensa y Representación Judicial del departamento, Juan Pablo Téllez, la vocería del ente territorial. Justamente desde la Gobernación del Quindío se desarrolló la estrategia comunicativa que acompaña las acciones de los demás accionados: la campaña ‘Subir a lo Bien’, que establece pautas para incentivar un turismo responsable a los páramos. “Dentro del plan conjunto, se elaboró esta campaña que fue aprobada y es empleada por todas las entidades vinculadas a la sentencia, apuntándole a que las visitas que se realicen a este paraje se hagan con agencias de turismo legales y formalizadas, únicamente en los sectores autorizados, sin generar contaminación y sin acceder a las zonas de reserva, limitándose a los puntos habilitados”.
Los resultados del encuentro revelaron que las instituciones realmente están cumpliendo con lo establecido por el tribunal. Y sin embargo, en la entrevista hecha a Humberto Tobón en Youtube, queda la duda de cuál sería la efectividad real del plan conjunto: De acuerdo con su diagnóstico, el plan no tiene financiamiento, lo que exigiría de los mandatarios territoriales y al mismo Presidente de la República a proyectar el costo de la recuperación.
“En segundo lugar está el tema de la ocupación del territorio: la modernidad habla de que es posible que la gente viva dentro de los parques nacionales; el problema es qué se puede hacer allí. Proponemos que esas familias residentes se conviertan en protectoras del bosque y se les pague por servicios ambientales”, añade. Y como tercer punto, Tobón subraya el impacto que las actividades productivas estarían causando al ecosistema: “El equipo de la RAP estuvo con los 4 Procuradores Ambientales (de los departamentos), el procurador nacional Ambiental y Agrario, y el procurador ante el Consejo de Estado, y se encontró allí que hay una ocupación de cultivos y ganadería que le está haciendo un daño altísimo a ese ecosistema. Adicionalmente están los incendios que se han presentado y el turismo depredador”.
Para complementar este testimonio, retornamos a la entrevista dada por el gerente de la RAP a El Cuyabran Post, y que precisa otro factor determinante que no les ayuda a los páramos: “Le hemos pedido desde la RAP y los 4 gobernadores vinculados a ella, a Parques Nacionales Naturales que en este fenómeno del Niño que se está enfrentando, se cierre definitivamente el Parque de los Nevados y eso no ha sido posible. Ha permitido que la gente siga yendo allá con algunas restricciones. Nos parece que esa no es una buena decisión, pone en riesgo ese ecosistema y nosotros hacemos el reclamo, digamos, de manera vehemente, porque es el agua de nosotros y en ese sentido le estamos haciendo un llamado al ministerio para que ordene como superior jerárquico del Parque Nacional Natural que tome medidas hasta el momento, pero eso no ha sido posible”.
Dado el caso de que el escenario catastrófico que pinta Tobón sea cierto, nos queda un sinsabor por varios aspectos: Dada la magnitud de la catástrofe que se avizora ¿Por qué se ocultan estos resultados a la prensa y a la ciudadanía en general? Si ya existe un plan para proteger el parque de Los Nevados ¿por qué se permite la explotación agraria y pecuaria en un santuario natural? Y si se le está dando cumplimiento a un fallo judicial ¿cómo es que aún no tiene una partida presupuestal para su ejecución? ¿Estamos aplazando una decisión que exige inmediatez? ¿O nos daremos cuenta de la magnitud del problema cuando no haya nada que hacer? Solo nos queda una certeza: ante situaciones así, lo peor que se puede hacer es mantener en el oscurantismo los datos técnicos y científicos que soporten una alerta a todas luces válida. Porque este tema no resiste su discusión al interior de una oficina y a puerta cerrada: es algo en lo que nos jugamos nuestro futuro como región.
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